La Jornada Técnica ha contado con la participación de Marina Sánchez-Sierra Ramos, miembro del Comité Técnico de FOESSA, quien ha desgranado las principales conclusiones del informe y ha advertido del retroceso de la clase media y del desplazamiento de numerosas familias hacia estratos más vulnerables.
Durante su intervención, Sánchez-Sierra ha señalado que el informe no solo aborda la pobreza económica, sino especialmente la exclusión social, entendida como una realidad mucho más amplia que afecta a ámbitos como la vivienda, el empleo, la salud o la protección social.
Según el estudio, Castilla-La Mancha vive un “proceso inédito de fragmentación social” impulsado por la desigualdad, que sigue siendo uno de los principales motores de la pobreza y la exclusión. Aunque la región ha reducido parcialmente sus niveles de desigualdad en los últimos años, persisten importantes brechas que afectan especialmente al acceso a la vivienda y al empleo.
En este sentido, Marina Sánchez-Sierra ha afirmado que “no fallan las personas, falla el sistema”, subrayando que la vivienda y el empleo son actualmente los dos principales factores que alimentan la exclusión social. El informe destaca que el 22 por ciento de la población castellano-manchega presenta algún rasgo de exclusión residencial, mientras que el incremento de los precios del alquiler y de la compra de vivienda avanza mucho más rápido que los ingresos familiares. De hecho, la cuota media del alquiler ha aumentado un 28 por ciento entre 2018 y 2023.
En materia laboral, FOESSA alerta de que la precariedad “se ha convertido en la nueva normalidad” para una parte importante de la sociedad. Aunque tener empleo sigue siendo un elemento de protección, ya no garantiza la inclusión social debido al estancamiento salarial, la temporalidad y el elevado coste de la vivienda.
Otro de los aspectos que preocupa al informe es la pérdida de equidad en el acceso a la sanidad. Más de 300.000 personas en Castilla-La Mancha tienen dificultades para acceder a alimentación suficiente, medicamentos, prótesis o atención médica adecuada para problemas de salud graves o crónicos por motivos económicos.
El informe también pone rostro a la exclusión social en la región. Las personas de nacionalidad extranjera presentan tasas de exclusión casi tres veces superiores a las de nacionalidad española, mientras que la infancia y la juventud aparecen como uno de los colectivos más vulnerables. La tasa de exclusión entre menores de 18 años alcanza el 36,5 por ciento, casi cinco veces más que entre las personas mayores de 65 años.
Asimismo, el estudio señala que el 39 por ciento de los hogares con dos o más menores sufren situaciones de exclusión social, una cifra que ha crecido más de 14 puntos desde 2018. A ello se suma una tasa de paro juvenil del 24 por ciento entre menores de 30 años, muy por encima de la media regional.
En cuanto a la provincia de Cuenca, el informe refleja que 40.000 personas sufren exclusión social, de las cuales cerca de 20.000 se encuentran en situación de exclusión severa. Además, 23.000 personas viven en pobreza severa.
Los datos provinciales también muestran importantes dificultades relacionadas con la vivienda y la salud. En concreto, 19.000 personas residen en condiciones de vivienda precaria y 24.000 soportan gastos excesivos relacionados con el hogar. Asimismo, 21.000 personas han dejado de comprar medicamentos, prótesis o seguir tratamientos médicos y dietas por problemas económicos.
Finalmente, el informe FOESSA plantea la necesidad de un cambio de paradigma basado en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica. Entre las propuestas, reclama políticas públicas integrales que no solo reparen situaciones de exclusión, sino que actúen sobre las causas estructurales de la desigualdad para prevenirlas desde su origen
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