“Estos efectos se plasman en cierre de al menos siete bibliotecas municipales en la provincia, reducciones de jornada pasando de un contrato a tiempo completo a contrato a jornada parcial, y modificaciones de las condiciones laborales y salariales de bastantes profesionales que no ven reconocido su categoría como técnicos produciéndose una discriminación respecto a otros compañeros”, dijo.
Y añadió que “Todo ello repercute en dejar en la mínima expresión la prestación del servicio, poniendo en peligro la cobertura mínima del servicio de atención al público y ya no digamos el derecho de los ciudadanos a la información, o la imposibilidad de desarrollar programas de fomento de la lectura para grupos de usuarios tan especiales como personas mayores o niños en edad escolar”.
Una muestra empírica de este progresivo desmantelamiento de la red pública de bibliotecas está en el análisis que se ha realizado desde la FSC CCOO-Cuenca a las cifras que recoge la “Estadística de Bibliotecas” que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) cada dos años, en el que describe las principales características de estos servicios como su estructura, el funcionamiento, el equipamiento del que están dotadas, el volumen y la calificación del personal implicado, etc., así como las inversiones realizadas y el personal que trabaja en ellas.
Así en 2012 según esta Estadística de las 601 bibliotecas existentes en la región, 475 tenían una gestión pública. Respecto al personal desde la FSC CCOO-Cuenca denuncian que “hemos retrocedido hasta 2006 pues si en 2012 hay un total de 1283 trabajadores en las bibliotecas de Castilla-La Mancha seis años atrás eran 1244, subiendo en 2008 a 1341 y alcanzando el máximo en 2010 con 1415 profesionales contratados, un 80% a tiempo completo”.
Desde la FSC CCOO-Cuenca reafirmaron su respaldo “a las reivindicaciones y demandas de este colectivo de trabajadores y trabajadoras, y concretamente de la BAC (Bibliotecarios Asociados de Cuenca) a los que siempre hemos prestado nuestro asesoramiento sindical y jurídico, y seguimos apoyando sus iniciativas para denunciar estas situaciones ante la opinión pública, los usuarios y ante los responsables de las administraciones públicas”, declaró Castellano Bobillo, quien dejo constancia también del agravamiento de la pérdida de empleo en las bibliotecas públicas “con la entrada en vigor de la reforma de las administraciones locales y como afectará en los pequeños y medianos municipios cuyas competencias en esta materia son “impropias” y puede obligar a los Ayuntamientos a dejar de prestar estos servicios y suponer otra pérdida generalizada de derechos laborales y salariales”
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