La portavoz socialista, Consuelo García, ha explicado que el motivo para dar este paso es que Ley 27/2013 “lesiona la autonomía local que la Constitución Española garantiza”.
Así, ha señalado que la nueva Ley “quita competencias a los ayuntamientos, especialmente a los de menos de 20.000 habitantes, que en el caso de la provincia de Cuenca son prácticamente todos a excepción de la capital”.
Considera además que “con ello se abre la puerta a las privatizaciones, pues los servicios básicos pasarán a manos de las Diputaciones, que no tienen medios para prestarlos y los dejarán en manos de empresas privadas”.
Por otra parte, García ha explicado que la nueva Ley establece mecanismos de control que sitúan a los ayuntamientos, “la administración más cerca al ciudadano”, en una posición de “subordinación”, llegando incluso a darse el caso de que “la Administración central pueda decidir, aún sin conocer la realidad de cada municipio, qué medidas deben aplicarse para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria”.
Por todo ello, García ha confiado en que “entre todos consigamos parar esta Ley tan dañina para la municipalidad”.
Y es que ha recordado que el PSOE y la mayoría de los partidos de la oposición han acordado “sumar sus fuerzas” en los ayuntamientos para alcanzar este objetivo.
“No será la primera vez que se recurre una Ley al Tribunal Constitucional, pero sí será la primera vez que lo hagan conjuntamente más de 3.500 ayuntamientos de toda España, lo que representa a 15 millones de ciudadanos”, ha concluido.
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