Según los populares, la creación del nuevo puesto técnico en el que ahora trabaja Illana, apenas días después de dejar su responsabilidad política, y su participación en informes que afectan directamente al reparto de 2 millones de euros, despiertan “graves dudas de imparcialidad”, sobre todo teniendo en cuenta que 1.865.000 euros han sido asignados a ayuntamientos gobernados por el PSOE, entre ellos el de Sotorribas, cuyo consistorio lidera la propia Illana y que ha recibido 170.000 euros.
El PP cita el artículo 23 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que obliga a las autoridades y empleados públicos a abstenerse de intervenir en procedimientos en los que puedan tener un interés personal o verse afectados directa o indirectamente. “Es evidente que Nuria Illana tiene interés en que su municipio reciba financiación, por lo que debería abstenerse de toda actuación administrativa relacionada”, han señalado los diputados provinciales del PP.
En su intervención, los populares han acusado al equipo de Gobierno socialista, presidido por Álvaro Martínez Chana, de utilizar las instituciones públicas como “un cortijo al servicio de los cargos del PSOE”, y de justificar el reparto de fondos bajo una “falsa ecuanimidad”.
El PSOE vota en contra del apoyo a la UCO y de ampliar la vida útil de las centrales nucleares
Durante el mismo pleno, el PP ha presentado dos mociones que no han salido adelante al contar con el rechazo del equipo de Gobierno socialista. Una de ellas solicitaba el respaldo institucional a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, frente a lo que califican como “una campaña de desprestigio” promovida desde el propio Gobierno de España.
El PP ha acusado a altos cargos del Ejecutivo nacional, incluido el presidente Pedro Sánchez, de atacar a la UCO para “restar validez” a sus investigaciones sobre presuntos casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE, mencionando a figuras como Begoña Gómez, David Sánchez, Álvaro García Ortiz, Koldo García o Santos Cerdán.
Los populares pidieron a la Diputación mostrar su apoyo público a la Guardia Civil, rechazar las acusaciones de acoso y persecución contra la UCO y reconocer su papel en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la moción fue rechazada con el voto en contra del PSOE.
Tampoco prosperó la segunda moción presentada por el PP, que proponía ampliar la vida útil de las centrales nucleares como medida para garantizar el suministro energético en España. Los populares argumentaron esta necesidad ante situaciones como el apagón sufrido en abril, pero la iniciativa tampoco obtuvo el respaldo de la mayoría del pleno.