El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció acciones judiciales si no se cumplen cinco sentencias del Tribunal Supremo sobre el trasvase Tajo-Segura. Criticó los retrasos del Gobierno español en aprobar nuevas reglas y defendió la gestión sostenible del agua en la región, destacando alternativas como la desalación.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles que el Gobierno regional se está planteando emprender acciones judiciales si no se cumplen las cinco sentencias del Tribunal Supremo que avalan la posición de la comunidad autónoma respecto a la sobreexplotación del trasvase Tajo-Segura.
Durante el acto de firma de los nuevos estatutos de la Interprofesional de los Vinos de Valdepeñas, celebrado en el Palacio de Fuensalida de Toledo, García-Page ha manifestado su “vergüenza” ante los “incomprensibles retrasos” por parte del Gobierno de España a la hora de aprobar las nuevas reglas de explotación del trasvase. “Ni siquiera se han hecho públicas”, ha lamentado.
“Algo tiene que estar pasando para que una cosa tan evidente esté todavía en un cajón”, ha señalado el presidente autonómico, quien ha recordado que la situación es incoherente con el principio de sostenibilidad ambiental que promueve el propio Ejecutivo central. En este sentido, ha valorado el trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica y la Secretaría de Estado, pero ha advertido de que, si no se actúa con urgencia, su Gobierno tomará medidas legales para garantizar la ejecución de las resoluciones judiciales.
García-Page ha insistido en que Castilla-La Mancha es una región que “sabe cómo gestionar el agua”, destacando que cuenta con los regadíos “más eficientes de España”. Además, ha subrayado que existen alternativas viables como la desalación en el Levante, cuya ampliación ha celebrado. “Habiendo alternativas, hay que gestionarlas sin ambigüedades y sin cálculos políticos. Porque esto está muy por encima de cualquier cálculo político”, ha afirmado.
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