Rodrigo Fernández, delegado de Agricultura en Cuenca, confía en que las ayudas directas de seis millones de euros para agricultores y ganaderos afectados por la sequía se resuelvan pronto. Estas ayudas, gestionadas con datos administrativos, buscan aportar liquidez a más de 4.100 beneficiarios en 158 municipios.
El delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Cuenca, Rodrigo Fernández, ha expresado su confianza en que las ayudas directas puestas en marcha por el Gobierno regional para paliar los efectos de la sequía de 2023 se resuelvan en los próximos días, tras la publicación del decreto que las regula el pasado martes 5 de agosto.
Estas ayudas, dotadas con seis millones de euros y aprobadas por el Consejo de Gobierno la semana pasada, tienen como objetivo aportar liquidez a más de 4.100 agricultores y ganaderos cuyas explotaciones se encuentran en alguno de los 158 municipios de las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real afectados por la sequía durante el año hidrológico 2023-2024. En el caso de la provincia de Cuenca, son 55 municipios los incluidos en el anexo publicado por la Consejería.
Fernández ha destacado que esta línea de ayudas está financiada íntegramente con fondos propios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y responde al compromiso adquirido por el presidente Emiliano García-Page con el sector agrario el pasado mes de marzo.
Para agilizar los trámites y reducir la carga administrativa, las ayudas se concederán de forma directa, utilizando los datos ya disponibles en la administración, salvo que la persona beneficiaria se oponga expresamente. En tal caso, deberá presentar el Anexo II del Decreto 59/2025, de 29 de julio, a través de la sede electrónica de la Junta (www.jccm.es), entre el 6 y el 12 de agosto.
Próximamente se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la propuesta de resolución provisional con la relación de personas beneficiarias, indicando superficies admisibles, importes propuestos y los últimos dígitos de la cuenta bancaria designada en la solicitud unificada de 2024, donde se efectuará el ingreso.
A partir de esa publicación, los beneficiarios tendrán un plazo de diez días hábiles para realizar alguna de las siguientes acciones, si lo consideran necesario: rechazar expresamente la ayuda, presentar alegaciones o modificar la cuenta bancaria. De no realizarse ninguna actuación, la ayuda se considerará aceptada de forma automática.
El delegado provincial ha valorado esta medida como “necesaria y urgente para aportar liquidez inmediata”, si bien ha reconocido que no compensa por completo las pérdidas sufridas por el sector. Por ello, ha insistido en la importancia de contratar seguros agrarios como herramienta clave ante los riesgos climáticos, recordando que la Junta ha destinado 70 millones de euros a subvenciones para estos seguros en la última década.