El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha reforzado su estrategia frente a la violencia en el ámbito sanitario con nuevas medidas orientadas a proteger a sus profesionales y garantizar entornos asistenciales seguros. Así lo ha puesto de manifiesto el director general de Recursos Humanos y Transformación, Íñigo Cortázar, durante la reunión del Observatorio Provincial de la Violencia Sanitaria celebrada en Ciudad Real.
El encuentro ha reunido a representantes de la Administración sanitaria, organizaciones sindicales, colegios profesionales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en un foro que busca coordinar la prevención y la respuesta ante cualquier tipo de agresión en centros de salud y hospitales.
Durante su comparecencia ante los medios, Cortázar ha defendido que la seguridad de los profesionales es “una prioridad estratégica” para el sistema sanitario regional. Ha recalcado que quienes trabajan en la sanidad pública son el principal activo del sistema y que deben desempeñar su labor en un entorno seguro, con respaldo institucional y garantías.
El responsable regional ha advertido de que las agresiones, tanto físicas como verbales, siguen siendo un problema que requiere una actuación integral y sostenida. En este sentido, ha reiterado la política de “tolerancia cero” del Gobierno autonómico frente a cualquier manifestación de violencia.
Nueva figura de Director de Seguridad
Entre las novedades abordadas en el Observatorio destaca la creación de la figura del Director de Seguridad, una iniciativa pionera dentro del Sistema Nacional de Salud y alineada con los criterios del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. La convocatoria para cubrir este puesto ya está preparada y se publicará antes de que finalice febrero, con la previsión de que la plaza quede adjudicada durante el primer trimestre del año.
Esta nueva figura tendrá un papel técnico clave, asesorando sobre la implantación de medidas de protección, la necesidad de presencia de vigilantes de seguridad y la adaptación de protocolos preventivos en aquellos centros donde se detecten mayores riesgos.
Refuerzo jurídico y vía administrativa
El SESCAM trabaja también en el refuerzo jurídico de la protección a los profesionales, avanzando en la consideración de autoridad pública para el personal sanitario. Esta medida permitirá otorgar mayor valor probatorio a su testimonio en procedimientos administrativos y agilizar la respuesta ante agresiones.
Además, la Administración sanitaria pretende ampliar el alcance de las sanciones cuando los hechos tengan recorrido penal. De este modo, aunque exista una condena judicial, se estudia la posibilidad de aplicar también sanciones administrativas complementarias, evitando que la responsabilidad quede limitada únicamente al ámbito penal.
Castilla-La Mancha ya cuenta con un procedimiento administrativo sancionador que permite imponer multas económicas por agresiones físicas o verbales, incluso cuando los hechos han sido objeto de sentencia judicial.
Más coordinación y mejor registro
Otro de los ejes destacados es la mejora del sistema de notificación de incidentes. Según ha explicado Cortázar, el incremento de casos registrados responde en parte a una mayor cultura de denuncia y a herramientas de registro más eficaces. “Registrar más significa analizar mejor y prevenir antes”, ha señalado.
En la provincia de Ciudad Real se contabilizaron el pasado año 125 episodios conflictivos, concentrados principalmente en Atención Primaria, donde el contacto directo y continuado con los usuarios es mayor. La mayoría de los incidentes fueron agresiones verbales y se produjeron en consultas, servicios de urgencias y áreas de admisión.
El menor incremento del país
En un contexto nacional de aumento generalizado de agresiones, Castilla-La Mancha presenta el menor incremento porcentual, un dato que la Consejería atribuye al trabajo preventivo desarrollado en los últimos años y a la combinación de medidas organizativas, formativas y legales.
No obstante, desde el SESCAM insisten en que el objetivo es avanzar hacia la “agresión cero”. “Cada profesional protegido refuerza la calidad asistencial y la confianza de la ciudadanía”, ha concluido Cortázar, reafirmando el compromiso de la Administración regional con un modelo basado en prevención, firmeza ante la violencia y acompañamiento a las víctimas.
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