El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha intensificado su ofensiva política contra los convenios suscritos entre el Consistorio, la Junta y Adif para el desarrollo urbanístico de los terrenos ferroviarios, en el marco del denominado Plan de movilidad XCuenca. La presidenta del grupo, Beatriz Jiménez, ha denunciado “opacidad” por parte del equipo de Gobierno socialista y ha justificado la presentación de alegaciones al nuevo acuerdo, en un movimiento que puede ralentizar la tramitación del convenio mientras se resuelven las dudas planteadas.
Durante una comparecencia acompañada de los concejales Juan Guadalajara, Diego Valera y Agustín Segarra, Jiménez aseguró que el PP registró hace más de un mes 12 preguntas en el Ayuntamiento, la Diputación y el Congreso solicitando información sobre los convenios firmados y que, según afirmó, no han obtenido respuesta.
Entre las cuestiones planteadas, los populares señalan la falta de claridad sobre la titularidad exacta de los terrenos afectados, la composición y funcionamiento de la comisión de seguimiento prevista en los acuerdos o las decisiones adoptadas hasta la fecha. “Estamos hablando de una intervención urbanística de enorme relevancia y ni siquiera sabemos con total certeza quién ostenta la titularidad de los suelos”, advirtió la portavoz.
Ante lo que consideran falta de transparencia, el PP ha presentado alegaciones al nuevo convenio suscrito entre el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y Adif, alegando responsabilidad institucional y respeto a los ciudadanos. Desde el equipo de Jiménez sostienen que, mientras no se facilite toda la documentación y se aclaren las incógnitas, no pueden respaldar el desarrollo previsto.
Además, la dirigente popular subrayó que no se trata de una preocupación exclusiva de su grupo, ya que, según indicó, asociaciones, colectivos y vecinos han registrado un total de 52 escritos en relación con este asunto.
El PP también ha puesto el foco en el primer convenio firmado para actuaciones como los aparcamientos provisionales, señalando que no fue aprobado en Pleno pese a haberse ejecutado obras derivadas del mismo. Asimismo, cuestionan el cumplimiento de los compromisos económicos por parte de Adif y la no ejecución de la rotonda prevista en la zona de Diego Jiménez, actuación que implicaba el levantamiento de la vía.
Otro de los argumentos esgrimidos por los populares es la prudencia ante el recurso pendiente ante el Tribunal Constitucional. Jiménez defendió que no deben adoptarse decisiones “irreversibles” hasta conocer el pronunciamiento definitivo, en alusión a la posibilidad de que futuras resoluciones obliguen a modificar o revertir actuaciones ya iniciadas.
Con esta posición, el Grupo Municipal Popular reclama acceso completo a los expedientes, participación de todos los grupos políticos y mayor información pública antes de avanzar en el desarrollo urbanístico. Mientras tanto, las alegaciones presentadas abren un nuevo frente político en torno a uno de los proyectos estratégicos para el futuro de la ciudad, cuya tramitación podría verse condicionada por el debate institucional y jurídico en curso.
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