Según han explicado, se trata de una iniciativa que consideran “necesaria, justa y urgente” con el objetivo de defender los intereses de la provincia y exigir una mayor planificación en una materia que califican de gran trascendencia. Oliver ha sido especialmente crítica con la decisión del Ejecutivo central, asegurando que se trata de “una de las más graves adoptadas en los últimos años” y reprochando que se haya planteado “sin debate parlamentario, sin previsión y sin explicaciones”.
La dirigente popular ha señalado que mientras el Gobierno habla de unas 500.000 regularizaciones, “informes técnicos policiales elevan la cifra hasta cerca de dos millones de personas”, lo que, a su juicio, refleja improvisación y podría generar un “efecto llamada” utilizado por mafias. Asimismo, ha advertido de que las consecuencias de esta medida recaerán sobre administraciones como ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, responsables de los servicios públicos.
En este sentido, Oliver ha rechazado que no vaya a existir impacto económico, afirmando que serán las entidades locales quienes asuman los costes derivados de esta medida. Frente a ello, ha defendido el modelo del Partido Popular basado en “gestión, orden y legalidad”, apostando por una política migratoria vinculada al empleo y con una memoria económica que evite cargar a los municipios con el gasto.
Por su parte, Sánchez-Grande ha contextualizado el debate en la realidad demográfica de la provincia de Cuenca, marcada por la despoblación y el envejecimiento. Ha recordado que más del 26% de la población supera los 65 años y que el crecimiento reciente se debe, en gran medida, al saldo migratorio positivo, especialmente en el medio rural.
La diputada ha subrayado que la migración es clave en sectores como el agrario o los cuidados, pero ha insistido en la necesidad de gestionarla con planificación y recursos, ya que muchos municipios tienen dificultades para mantener servicios básicos. A su juicio, una regularización masiva “sin criterios claros” podría poner en riesgo la integración y tensionar los servicios públicos.
Asimismo, ha defendido que la solidaridad debe traducirse en oportunidades reales y en procesos legales individualizados vinculados al empleo, que reconozcan el esfuerzo de quienes ya viven y trabajan en la provincia. En este sentido, ha advertido de que una regularización generalizada puede generar sensación de injusticia al no diferenciar entre quienes llevan años integrándose y quienes acaban de llegar.
Ambas diputadas han coincidido en que el Partido Popular apuesta por una migración que contribuya al desarrollo rural y a fijar población, pero siempre desde la planificación, los recursos y la garantía de una integración efectiva. La moción que se debatirá en el pleno de la Diputación pretende trasladar esta postura institucional y reclamar al Gobierno una política migratoria “seria, ordenada y adaptada a la realidad de los territorios”.
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