Regularización

La provincia representa el 0,6% del total nacional de trabajadores dados de alta a través de este proceso. En Castilla-La Mancha, la cifra asciende a 6.558 afiliados, según los datos correspondientes al 30 de junio.

La provincia es la quinta de Castilla-La Mancha por volumen de expedientes presentados en un procedimiento que busca facilitar la integración administrativa y laboral de personas extranjeras.

El Partido Popular de Cuenca defenderá en el próximo pleno de la Diputación una moción para rechazar la regularización masiva de migrantes planteada por el Gobierno de España, al considerar que carece de planificación y trasladará el impacto a los servicios públicos locales.

Las personas extranjeras residentes en Cuenca ya pueden iniciar el proceso de regularización extraordinaria a través de oficinas habilitadas de la Seguridad Social y Correos, en un sistema que exige cita previa obligatoria y que busca agilizar los trámites evitando esperas y desplazamientos innecesarios.

El plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes comienza este lunes en más de 400 oficinas de toda España, tras registrar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones más de 13.500 solicitudes telemáticas en las primeras 24 horas. El proceso está dirigido a personas que ya se encontraban en el país antes del 1 de enero y permitirá obtener un permiso de residencia y trabajo durante un año.

CCOO alerta de que la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno incrementará la presión sobre las Oficinas de Extranjería, incluida la de Cuenca, donde la plantilla ya trabaja al límite. El sindicato denuncia la ausencia de mejoras económicas comprometidas y no descarta nuevas movilizaciones si no se garantiza una compensación real al personal.

La diputada regional del PSOE, Paloma Jiménez, ha salido al paso de las críticas del Partido Popular al decreto de regularización, asegurando que la derecha “falta a la verdad de manera consciente” y recordando que la norma no crea una situación nueva, sino que aporta seguridad jurídica a personas que ya viven y trabajan en España.