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Blindar los derechos fundamentales, de las personas que viven en las zonas despobladas de Castilla-La Mancha

viernes 23 de abril de 2021, 16:11h

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El presidente de Castilla-La Mancha, en sus discursos conmemorativos sobre la Constitución, ha sostenido que, en vez de cambiarla, habría que blindar los derechos sociales. Es decir, que el derecho al trabajo y a una vivienda digna, tengan el mismo valor que el derecho a la vida y a la libertad. Sobre esta sugerencia vamos a reflexionar a continuación.

Si se adoptara la propuesta de blindar los derechos, de Emiliano García-Page, los poderes públicos se verían obligados a esforzarse mucho más para que la ciudadanía tuviera trabajo y vivienda. Pero una comunidad como Castilla-La Mancha no puede, por sí sola, blindar los derechos sociales, porque no tiene las correspondientes competencias.

Sin embargo, el gobierno regional sí posee competencias para solucionar el problema de un derecho que ya está blindado por la Constitución y no disfrutan muchas personas de las zonas despobladas de Castilla-La Mancha. Me refiero al derecho fundamental, recogido por el artículo diecinueve de la Constitución, de elegir libremente la residencia y circular por el territorio nacional.

En efecto, el derecho a elegir libremente la residencia es un derecho que vincula a los poderes públicos y sí que está blindado por la Constitución, teniendo una protección jurídica reforzada. Pertenece al grupo de derechos que, como la vida y la libertad, están tutelados mediante el recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional.

Tiene tanto valor este derecho, que el Gobierno estatal no puede, por sí solo, dictar una ley para impedir que nos movamos por el territorio nacional y elijamos nuestro lugar de residencia. Según hemos comprobado durante la pandemia de la Covid19, para suspender el ejercicio de este derecho, el Gobierno ha tenido que declarar el estado de alarma, contando con la aprobación del Congreso.

A pesar de la gran importancia del derecho a elegir libremente la residencia, la mayoría de las personas nacidas en los pueblos de las zonas despobladas de Castilla-La Mancha, han estado o están privadas del derecho constitucional reconocido.

Ciertamente, la mayoría de las personas de las zonas despobladas de la región se han visto obligadas a migrar o, lo que es lo mismo, su derecho a la libre elección de residencia solo han podido ejercerlo yéndose. Este sinsentido jurídico, de dar libertad para salir de su tierra, mientras se niega la libertad para permanecer, significa la negación de un derecho fundamental.

Las difíciles condiciones económicas, sociales y laborales, existentes en las zonas despobladas, son las que han impedido a las personas elegir con libertad su permanencia y las ha forzado, contra su voluntad, a abandonar su pueblo, para irse a vivir a otro lugar. Este es y ha sido el drama de muchas personas, nacidas en Castilla-La Mancha: se han visto expulsadas de su tierra, empujadas por la necesidad, y no han tenido el derecho a fijar en el pueblo su residencia.

Esta migración forzada, por motivos económicos, ha producido la despoblación y la vulneración de un derecho fundamental blindado por la Constitución. La despoblación es una manifestación de la desigualdad entre territorios que los poderes públicos no han sido capaces de gestionar. Los gobiernos no han promovido un desarrollo sostenible, no han mantenido las infraestructuras (trenes) y han desmantelado los servicios públicos (centros de salud, escuelas y servicios sociales). Los poderes públicos, (de ámbito estatal, regional y provincial) han olvidado que las zonas despobladas son una fuente de riqueza ecológica, económica, cultural y social, mermada en los últimos años. También olvidaron que en esas tierras abandonadas residen personas con derechos.

La grave situación de atraso y abandono, de las zonas despobladas de Castilla-La Mancha, hace difícil que, por sí mismas, puedan desarrollarse y salir de su depresión. Tampoco podemos esperar que las rescate la mano invisible del mercado, porque los actores del mercado, empezando por los bancos, abandonan los pueblos cuando dejan de ser un negocio.

Por tanto, es el Gobierno regional, en coordinación con la Unión Europea, el Estado y los municipios, quien debe revitalizar y promover un desarrollo económico sostenible de las zonas despobladas. Uno de los retos de la próxima ley contra la despoblación, debería ser que todas las personas que vivan en Castilla-La Mancha, puedan disfrutar del derecho a elegir libremente su residencia. Es decir, que tengan blindado su derecho a salir (migrar), y también a permanecer en el pueblo de una región, que garantiza servicios públicos de calidad y auténticas oportunidades vitales.

Fernando Casas Mínguez

Catedrático EU de Ciencia Política y de la Administración
Miembro de Cuenca Ahora y de la España Vaciada

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