Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, especialmente los más turísticos, trabajan en medidas de ordenación de la oferta alojativa, sobre todo con limitaciones a la vivienda de uso turístico (VUT), y en menor medida, con tasas semejantes a las de Cataluña o Baleares, además de con moratorias en la construcción de nuevos hoteles.
Las restricciones al turismo, fundamentalmente en las zonas más saturadas, están en el debate social por el impacto en la vida de las ciudades y el precio de la vivienda para los residentes locales, asuntos que habían asomado antes de la pandemia pero que ha ido cobrando fuerza por la intensificación de la pulsión viajera.
La última polémica se abrió en Sevilla donde el alcalde, José Luis Sanz (PP), planteó cerrar la Plaza de España, uno de los principales reclamos turísticos de la capital andaluza, y cobrar entrada a los visitantes.
También es reciente, de la semana pasada, la prohibición en San Sebastián de los grupos de turistas de más de 25 personas circulando por la ciudad y de usar megáfonos para los guías.
Las herramientas para ordenar la llegada de viajeros son las limitaciones a la construcción de nuevos hoteles, como es el caso de Cataluña o San Sebastián, la regulación de las VUT o la imposición de tasas turísticas, medida esta última muy criticada en el sector hotelero.
El contrapunto es Melilla, donde uno de los objetivos del gobierno regional (PP) es el desarrollo turístico, mediante bonos que subvencionan el 75 % del precio del billete y parte del alojamiento a los visitantes.
El grueso de las actuaciones se centra en las seis comunidades autónomas con mayor presión turística -Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid- aunque otras como Asturias y las ciudades de San Sebastián y algunas gallegas tratan también de anticiparse al problema.
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