El delegado de la Junta en Cuenca, Rogelio Pardo, ha destacado el apoyo del gobierno regional a los servicios sociosanitarios y de salud mental con la convocatoria de ayudas para el desarrollo de actividades por parte de las asociaciones a las que se va a destinar 1,5 millones de euros.
En rueda de prensa para detallar los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno, Pardo ha señalado que estas ayudas van a garantizar la prestación de servicios y atención unos 70.000 pacientes de la región, a través de las 180 asociaciones que trabajan en esta materia y de las que una veintena pertenecen a la provincia de Cuenca.
El delegado ha informado además de la toma en conocimiento del proyecto de decreto de regulación de la Mesa de la Tauromaquia en la región, para contribuir a la defensa, la protección y divulgación del mundo de los toros.
La creación de esta Mesa servirá para establecer un marco de colaboración y diálogo entre el Gobierno regional y el sector taurino. La Mesa de la Tauromaquia contará con un Pleno en el que habrá 25 integrantes y se convertirá en un foro de debate y representación, compatibilizando su funcionamiento con una Comisión de Gobierno.
Por otro lado el delegado ha destacado los datos ofrecidos ayer por el consejero de Hacienda en los que anunciaba que nuestra región había cumplido el objetivo de déficit fijado para el año 2013, a falta de que se concrete el dato de cierre definitivo. Pardo ha indicado que una vez más los resultados avalan la política que el Gobierno de María Dolores de Cospedal ha llevado a cabo en estos dos años y medio de gobierno y ha reiterado que todo esto ha sido posible, además, gracias al esfuerzo de todos los castellano-manchegos.
Pardo ha recordado que seguimos sufriendo la mala gestión del gobierno socialista y todavía aparecen “desagradables sorpresas a las que tenemos que ir haciendo frente como es el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal el Impuesto sobre Determinadas Actividades que inciden en el Medioambiente (Idaima), por lo que la Junta debe devolver alrededor de 200 millones de euros y un “error”" en las declaraciones del IVA de la empresa pública Gicaman correspondientes al anterior Gobierno, que el actual Ejecutivo ha regularizado”.
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