Los diputados de Podemos -En Común Podem-En Marea-, Juantxo López de Uralde y Josep Vendrell, solicitan a Zaballa que explique por qué se siguen adoptando decisiones sobre el ATC cuando está paralizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha (aprobó una figura legal de protección ambiental sobre el emplazamiento de la instalación).
Según Vendrell, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) pretende que el Gobierno de Castilla-La Mancha, "una vez invertidas importantes cantidades de dinero público", se sienta lo bastante presionado para levantar la paralización de la obra.
En este sentido, ha tachado de "grave irresponsabilidad" el "poco respeto que este Gobierno y sus satélites, como ENRESA, sienten por el dinero de los ciudadanos y no dudan en arriesgarse a dilapidarlo con tal de imponer una instalación que nunca debió ser planteada en los términos en que lo fue esta".
"Que ENRESA -apunta el diputado de En Comú Podem- haya sacado a licitación contratos por un valor de 417 millones de euros, como denuncia entre otros Ecologistas en Acción, y que se hayan comprometido licitaciones por un importe de 70 millones es de una irresponsabilidad insólita en un Gobierno en funciones".
Por su parte, López de Uralde (Equo) ha acusado a ENRESA de incumplir las leyes por motivos "estrictamente políticos". EFE
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