Dichas alegaciones se basan en la convicción de que “no se infringe ninguna norma de la ordenación jurídica” al celebrar la citada consulta, pues el objetivo de ésta es únicamente conocer la opinión de los trabajadores que van a estar directamente afectados por la necesidad de reducir un 5% el Capítulo I de Personal al incorporarse el Consistorio conquense a la nueva fase del Plan de Pago a Proveedores y a las Medidas Extraordinarias de Liquidez, pero “sin obviar en ningún caso que la responsabilidad de tomar la decisión final corresponde al Equipo de Gobierno”.