Así lo han precisado la portavoz de la Plataforma, María Andrés, y en representación del Movimiento Ibérico Antinuclear, Paca Blanco, quienes han considerado que "el primer paso para la gestión de los residuos nucleares es dejar de generarlos y, para ello, las centrales nucleares han de cerrar".
En este contexto, la portavoz de la Plataforma ha exigido un calendario de cierre de las centrales y conocer el volumen de residuos que han generado para debatir después "cuál será la mejor alternativa de gestión de los mismos en función de la seguridad y el punto de vista económico, social y ambiental".
Los organizadores esperan superar la participación de la última marcha, que congregó a unas cien personas, cuando parecía, ha dicho el coportavoz de la Plataforma, Carlos Villeta, "un ATC zombi que parecía que estaba muerto, pero que ahora ha renacido", ha aseverado.
La representante de MIA, por su parte, ha anunciado una manifestación a nivel nacional que partirá de Atocha, en Madrid, el 10 de junio con manifestantes procedentes de las ciudades de toda España donde haya centrales nucleares "para pedir que se acabe esta pesadilla de la energía nuclear, que no necesitamos, y solo sirve para generar residuos", ha dicho.
Según Blanco, a la manifestación de Madrid asistirán más de 600 portugueses que, sin centrales nucleares en Portugal, no aprueban tener que "sufrir las consecuencias de las centrales nucleares españolas y mucho menos que se construya un cementerio nuclear a menos de 100 kilómetros de su frontera".
Blanco ha considerado un "despropósito" que desde Cuenca circulen camiones por todas las carreteras españolas con "toneladas y toneladas de residuos radioactivos" expuestos a sufrir un accidente.
Y Villeta ha recordado el escrito de alegaciones que la Plataforma presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra el fondo del recurso que plantea el Gobierno de España a través de la Abogacía General del Estado sobre el inicio del procedimiento y el decreto de ampliación de la ZEPA de El Hito.
Según el coportavoz de la Plataforma, Castilla-La Mancha tiene "pleno derecho" y "es plenamente legítima para establecer los espacios protegidos con los límites que entienda oportunos desde el punto de vista técnico", y ha recordado la existencia en este sentido de varias sentencias del Tribunal Constitucional. EFE
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