Hemos insistido siempre en los dos primeros y hemos acabado olvidando el tercero, sustituyéndolo por el concepto de solidaridad, seguramente sin caer en la cuenta de que la fraternidad es una actitud y la solidaridad es una forma de actuar que nos permite declinar en las administraciones y en las organizaciones no gubernamentales la responsabilidad de cuidar de nuestros hermanos, los hombres y mujeres, iguales a nosotros, sin discriminarlos por sus razas, creencias, sexos, orientaciones sexuales, educación y origen.
No se olvidó de la fraternidad, sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que la eleva a la condición de razonable, de racional, cuando establece que “todos los seres humanos nacemos libres e iguales y, como estamos dotados de razón, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros”.
Parecería que nutriéndose de ese espíritu, la Constitución Española recoja en el punto segundo del art. 9 que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”. Esta igualdad solo se concibe desde una conjunción del concepto de dignidad de la persona y de la solidaridad para compensar los déficits que retardan, e incluso pueden hacer en ocasiones imposible, aspirar a tener un proyecto de vida que es en sí mismo único e irrepetible.
Hasta aquí los principios. Con lentitud, a veces exasperante es cierto, las leyes los han ido desarrollando convirtiendo España en un país con una democracia avanzada. Lo hemos hecho marcando una tendencia. Hasta hoy.
El Sr. Rajoy puede decir que ha iniciado la Contrarreforma, cabalgando en un discurso de aparente inevitabilidad, dictado por la Europa de los mercaderes y el Banco Central Europeo de Alemania (perdonen que llame a las cosas por su nombre, pero es lo que tiene haber nacido aquí, que a veces somos poco finos).
Pero no es verdad que las cosas deban inevitablemente ser así. Hay otro camino y es inteligente, cargado de razón, fraternal. Decretar que casi un millón de personas hayan dejado de ser iguales ante la enfermedad, es condenarlos a la consideración de no-hermanos, y es un acto éticamente reprobable y estúpido por irrazonable. No se alcanza así el progreso, no se persigue de ese modo la Paz.
Desde el pasado día 1 de septiembre, por decisión del Gobierno, España es un poco más pobre, menos solidaria, menos inteligente, menos fraternal. No debe extrañarnos que por ello al Gobierno le hayan salido desobedientes en todo el territorio, tanto geográfico como político y social.
A la ensalzable actitud de los profesionales sanitarios que han decidido seguir atendiendo a los excluidos, se han unido algunas comunidades autónomas (algunas gobernadas por el PP) que han estudiado la forma de burlar la ley encontrando resquicios en su literalidad, más allá de la extravagancia propuesta por el Ministerio de la Sra. Mato: atender a los crónicos y pasar la factura a sus países de procedencia. ¿Cómo se puede pretender que paguen países terriblemente pobres si no se ha conseguido que lo hagan los países ricos de los que proceden aquellos que vinieron a España para practicar el llamado “turismo sanitario”?
El Sr. Rajoy pierde entre los suyos otra porción de autoridad, ya muy devaluada por sus incumplimientos electorales y sus continuos cambios de criterio tanto en España como en Europa.
En fin, que el Gobierno no da la talla tampoco en este asunto tan sensible y éticamente relevante. Ya han conseguido deteriorar la calidad asistencial para todos. Ahora privan a casi un millón de personas de la cartilla sanitaria. Todos debemos sentirnos solidarios, reclamar al Gobierno que enmiende el error y decirle que todos somos ellos, que todos somos los 910.000 hermanos que han sido excluidos del sistema sanitario español, público, universal, gratuito y con equidad.
José Manuel Martínez Cenzano
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