Así lo demuestra como este mismo jueves a instancia del Grupo parlamentario de Upyd se ha instado al gobierno desde el Congreso la tipificación de tres delitos contra la corrupión. Los tres puntos aprobados de la moción presentada por UPyD son los siguientes:
1. Sancionar penalmente mediante un tipo delictivo autónomo la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos tanto de sus estados contables como de su patrimonio social. Dicho delito será igualmente aplicable a aquellos cargos públicos electivos que omitieran o falsearen sus declaraciones de bienes.
2. Establecer un delito específico para perseguir la financiación ilegal de los partidos políticos, aplicable tanto a la financiación ordinaria como a la electoral, en el que incurrirían los propios partidos de forma directa en el caso de que se descubrieran bienes, fondos o cualquier patrimonio oculto (situado tanto en España como en cualquier otro lugar) cuya adquisición no pueda ser debidamente justificada en virtud del régimen legal de financiación actualmente vigente y en coherencia con la contabilidad formulada y presentada a fiscalización ante el Tribunal de Cuentas.
3. Incorporar a la legislación penal el denominado delito de enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos electivos en base a incrementos patrimoniales no acordes con ingresos.