Tras las pruebas testificales, periciales y documentales, la Fiscalía ha concluido que "ha quedado reflejada la comisión de un delito societario" por parte de Moltó y Ortega, y ha modificado su acusación solicitando una multa económica de 100 euros diarios durante 10 meses, es decir, 30 euros.
La Fiscalía mantiene también la petición de dos años y medio de cárcel para cada uno, además de la inhabilitación durante ese periodo.
La defensa de Moltó ha dicho que se sienten "maltratados legalmente", y que los seis integrantes del PP que iniciaron el proceso "tienen que estar contentos del daño que han causado" al expresidente de CCM, para quien espera una pronta absolución "que le permita recuperar la paz".
Además, se ha manifestado contra la estrategia de las acusaciones, las cuales "han interpretado forzosamente" el código penal, y ha argumentado que ni su representado "ejerció nunca ningún poder ejecutivo" en la entidad, ni los estados provisionales "pretendían mostrar el estado fiel" de CCM.
Asimismo ha recordado que quien envió dicha contabilidad fue el ex director general Ildefonso Ortega, "en cuya buena fe confiamos todavía hoy", por lo que los estados sólo podrían haber sido rechazados por el consejo en el momento de su formulación en marzo, "un consejo que nunca llegó porque fuimos intervenidos".
Por su parte, la defensa de Ortega ha solicitado la absolución de su cliente porque "no hay ninguna prueba" que demuestre que el exdirector general realizase labores de administración en la caja, y ha añadido que la documentación de CCM "sí que reflejaba las pérdidas" registradas por la entidad.
El Ministerio Fiscal ha señalado que "llevar 196 millones de pérdidas a la cuenta de resultados es una operación sencillísima, de segundos, que sólo depende de la voluntad de cada uno", y ha añadido que "echar la culpa de todo al Banco de España es como culpar al bombero de que no puede apagar un incendio".
También ha destacado que ambos acusados "estaban enterados" de la inviabilidad de CCM después de reunirse con el Banco de España dos semanas antes de que la institución remitiese sus requerimientos en octubre de 2008, unos ajustes de "obligado cumplimiento" al proceder de la "máxima autoridad contable" del país.
"A 31 de diciembre ya se sabía que no podían alcanzarse las plusvalías de 400 millones", ha dicho el fiscal, por lo que "los 196 millones de pérdidas registrados en la cuenta de patrimonio neto tendrían que haberse trasladado a la cuenta de resultados" tal y como proponía el Banco de España en su documento.
La acusación particular de CCM ha destacado que "es evidente" que los investigados querían exhibir "públicamente" beneficios aún sabiendo que la caja "ni era viable, ni tenía ningún ingreso por plusvalías", sino unas pérdidas que, tras aplicarse los requerimientos, "alcanzaron los 1.000 millones de euros".
Tanto CCM como la acusación popular de Adicae, que proponen para ambos entre cinco y cinco años y medio de cárcel, se han reafirmado en un delito de administración desleal en base a créditos "sin garantías", concedidos "irregularmente".
"Si los señores Moltó y Ortega no controlaron el chorreo de dinero, incurrieron en una dejadez dolosa que benefició siempre a los mismos empresarios", han apuntado, aunque han reconocido que la excúpula "no se enriqueció personalmente" de estas concesiones.
Ahora será el juez José María Vázquez Honrubia quien determine si Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega cometieron los presuntos delitos de falsedad contable y administración desleal, y ponga fin a casi siete años de proceso. EFE
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