La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, ha explicado hoy en la Comisión de Fomento de las Cortes regionales las restricciones presupuestarias que debe asumir el Gobierno en materia de infraestructuras, una vez puesta en marcha la segunda parte del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos anunciado por la presidenta Cospedal.
Durante su comparecencia, Marta García ha destacado la especial incidencia en la suspensión temporal de la obra pública nueva y la reconsideración de aquellas obras que se encuentran en ejecución, motivada por el nivel de endeudamiento heredado por el actual Ejecutivo.
Marta García ha señalado que esta decisión es transitoria. “Se trata de retrasar, no de renunciar a objetivos que, siendo necesarios, no pueden acometerse de inmediato. Es una solución que prioriza el pago de la deuda existente; ¿cómo vamos a ejecutar obra nueva si no podemos pagar la ya ejecutada?”, se ha preguntado.
En su opinión, la modificación de los convenios con la Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha es una de las medidas indispensables, ahorro que ha cifrado en 38,5 millones de euros para el próximo año y que se suma al ahorro acumulado hasta el año 2031 de 742 millones. En este punto, Marta García se ha referido a la necesidad de buscar rentabilidad económica y soluciones técnicas en alguno de los tramos de la Autovía del IV Centenario y en la Autovía de La Sagra.
Sobre la Autovía del Júcar, la consejera ha anunciado que “el proyecto analizado no es rentable económicamente en ninguna de las hipótesis de tráfico analizadas”, por lo que ha propuesto redactar un nuevo estudio de planificación de todos los tramos de esta autovía, partiendo de Cuenca y finalizando en Albacete.
Asimismo, para conseguir otra medida de ahorro en este ámbito se procederá a la anulación de los servicios provinciales para la vigilancia de obras, que serán asumidos por el personal propio de la Dirección de Carreteras en los Servicios Periféricos.
En relación al segundo Plan de Carreteras, la consejera ha asegurado que no se han cumplido la mitad de los objetivos. Así, ha criticado que el anterior Gobierno se centrara en la construcción de nuevos tramos de autovías con actuaciones muy costosas y de baja rentabilidad -con escaso tráfico entre las mismas-, mientras que se desentendía de la red convencional de carreteras.
Asimismo, García de la Calzada ha explicado que la Dirección General de Carreteras está planificando nuevas actuaciones adaptadas a la coyuntura económica actual, orientadas a cubrir las necesidades de los ciudadanos, priorizando la mejora de la seguridad vial, premisas con las que arranca la elaboración del tercer Plan Regional de Carreteras en el que ya trabaja la Consejería.
Modificación para financiar obras de saneamiento y abastecimiento
Sobre el abastecimiento y depuración de aguas, García de la Calzada ha asegurado que las actuaciones llevadas a cabo por el anterior Gobierno han ocasionado una insostenible situación de deriva económica tanto para la Junta de Castilla- La Mancha como para los ayuntamientos, que no pueden sufragar los costes de explotación.
En este sentido, la consejera ha anunciado que la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha ha tenido que establecer un reajuste de los convenios con ayuntamientos y diputaciones para financiar obras de saneamiento y abastecimiento, lo que supondrá un ahorro de más de 29 millones de euros. Por su parte, Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha ha tenido que suspender ciertas obras –ante la necesidad de rectificar el planteamiento-, lo que supondrá un ahorro de 58 millones de euros.
“Hay que planificar desde el punto de vista de la gestión, la explotación y el mantenimiento de los sistemas de abastecimiento y depuración, porque el futuro pasa por aplicar criterios de racionalidad en la gestión pública del agua”, ha subrayado.
En cuanto a la gestión en el área de vivienda y urbanismo del anterior Ejecutivo, la responsable de Fomento ha considerado que la gestión pública en materia de vivienda anunciada en 2007 “se ha desarrollado al margen de la realidad económica del mercado y de las finanzas públicas”, de ahí que se necesiten adoptar soluciones para contabilizar un ahorro en 2011 de más de 4 millones de euros.
Asimismo, con el objetivo de incentivar la salida “cuanto antes” del sector inmobiliario existente y revitalizar el sector de la vivienda, se suprime la ayuda autonómica para la compra de vivienda de protección pública, lo que supondrá un ahorro de 31 millones de euros. No obstante, según ha aclarado la consejera de Fomento, esta medida sólo afecta a las viviendas que se van a empezar a construir y no a las que ya estén en construcción o terminadas.
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