Unidas por Mota ha solicitado un Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y la calidad del servicio. La propuesta busca establecer normas claras, inspiradas en otros municipios, y garantizar derechos y obligaciones, beneficiando tanto a empleadas como a usuarios.
El grupo ciudadano Unidas por Mota ha presentado una solicitud en el último pleno municipal para la elaboración de un Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y garantizar un servicio de mayor calidad para las personas usuarias.
La propuesta busca establecer un marco normativo claro, inspirado en ejemplos de otros municipios como Villarrobledo y Quintanar de la Orden, donde ya existen reglamentos específicos que regulan aspectos como horarios, ratios de atención, derechos y obligaciones del personal, así como los criterios de acceso al servicio por parte de la ciudadanía. Estos documentos han demostrado ser herramientas eficaces para proteger a las trabajadoras y optimizar la atención a dependientes.
Jacobo Medianero, portavoz de Unidas por Mota, ha destacado: "Es fundamental contar con un reglamento que ordene este servicio esencial. Las trabajadoras de ayuda a domicilio desempeñan una labor indispensable, pero necesitan un espacio de trabajo regulado que les proporcione seguridad jurídica y mejores condiciones. Además, esto repercutirá directamente en la calidad del servicio que reciben nuestros mayores y personas con dependencia."
Medianero también ha subrayado que la falta de regulación puede generar desigualdades en la carga de trabajo y problemas de conciliación para las empleadas, algo que ya han resuelto otros municipios de la región. "No podemos permitir que Mota del Cuervo se quede atrás en la defensa de los derechos laborales y sociales. Este reglamento no solo beneficiará a las trabajadoras, sino que también dará transparencia y eficiencia al servicio," añadió.
Desde Unidas por Mota confían en que el equipo de gobierno acoja esta propuesta con voluntad de diálogo y se avance hacia una normativa consensuada que ponga en el centro el bienestar de las personas, tanto usuarias como profesionales.