Beatriz Jiménez defiende la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos para “garantizar la igualdad real”

La diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Cuenca, Beatriz Jiménez, ha defendido la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos como una medida orientada a proteger la dignidad y garantizar la igualdad real de las mujeres. Según ha señalado, la postura del PP “no va contra ninguna confesión religiosa, sino contra cualquier práctica que suponga la invisibilidad forzada de la mujer en el espacio público”.

Estas declaraciones se producen después de que el Partido Popular haya registrado en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España una Proposición de Ley Orgánica para regular el uso de prendas y elementos que oculten total o parcialmente el rostro en espacios públicos.

Fundamentación constitucional

Jiménez ha explicado que la iniciativa se basa en principios recogidos en la Constitución, como la dignidad de la persona (artículo 10), la igualdad ante la ley (artículo 14) y la libertad ideológica y religiosa (artículo 16). No obstante, ha recordado que el ejercicio de estos derechos encuentra límites en la protección de los derechos y libertades de los demás y en el orden público en una sociedad democrática.

La propuesta contempla la prohibición del uso de prendas que impidan o dificulten la identificación en vías públicas, edificios administrativos, centros educativos y sanitarios, así como en el transporte público. Se prevén excepciones por motivos médicos, laborales, culturales o meteorológicos.

Asimismo, el texto incluye un régimen sancionador proporcionado y la posibilidad de sustituir la sanción económica por programas de sensibilización o integración social.

Respaldo jurídico y debate público

La también presidenta del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha señalado que la iniciativa cuenta con respaldo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en precedentes legislativos de varios países europeos. A su juicio, regular esta cuestión es una obligación de los poderes públicos cuando “están en juego la igualdad real, la seguridad jurídica y la convivencia”.

“La igualdad entre hombres y mujeres no es negociable. España ha avanzado demasiado en derechos y libertades como para aceptar retrocesos encubiertos bajo el relativismo cultural”, ha afirmado.

Jiménez ha añadido que el uso del velo integral en espacios públicos “no puede analizarse únicamente como una expresión religiosa, sino también como un símbolo que, en determinados contextos, puede implicar subordinación, presión social o limitación de la identidad personal de la mujer”.

Finalmente, ha insistido en que el debate debe abordarse “con serenidad, respeto y rigor jurídico”, pero sin renunciar a los principios del Estado de Derecho. “La libertad exige ausencia de coacción y la dignidad exige identidad. No hay integración posible si aceptamos la invisibilidad de las mujeres en el espacio público”, ha concluido.