La Asociación de Vecinos de Cuenca Centro, el Partido Popular de Cuenca, Vox Cuenca, Cuenca en Marcha, el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (demarcación Cuenca) y la Real Asociación Conquense de Artes y Letras (RACAL) han firmado conjuntamente una carta dirigida a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuenca para exigir transparencia, consulta pública y una revisión completa de la estrategia de contratación del proyecto de reurbanización de la calle Carretería.
El documento, registrado este jueves, expresa una “profunda preocupación por la forma en que se está tramitando el proyecto”, que se presenta como cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027. Los firmantes recuerdan que, al tratarse de fondos europeos, el procedimiento debe ajustarse estrictamente a los principios de transparencia, participación y coherencia recogidos en la normativa vigente.
En la carta se advierte de que la tramitación actual “resulta incoherente con los compromisos de transparencia y participación ciudadana recogidos en la Agenda Urbana Cuenca 2024-2030” y se alerta de que la sucesión de contratos menores podría constituir un posible fraccionamiento indebido del objeto contractual.
La Asociación de Vecinos de Cuenca Centro ha querido subrayar que la iniciativa parte exclusivamente de la entidad vecinal, con el objetivo de garantizar la legalidad del proceso, proteger la financiación FEDER vinculada a la convocatoria EDIL y asegurar el mejor resultado posible para la ciudad. Insisten en que su motivación es estrictamente cívica y técnica: velar por el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y por un proyecto de calidad para Carretería y su entorno.
La firma conjunta de colectivos vecinales, partidos de distinto signo político, entidades culturales y el Colegio de Arquitectos constituye un hecho poco habitual en la vida pública local. Los firmantes destacan que esta unión evidencia que la preocupación por el futuro de Carretería trasciende diferencias ideológicas y responde a un interés general compartido.
Entre las medidas solicitadas al Ayuntamiento figuran la publicación del anteproyecto y del Plan de Actuación Integrado (PAI) en un plazo máximo de dos semanas, la apertura de un proceso real de consulta pública, la licitación de un concurso público único para la redacción del proyecto de ejecución con presupuesto y plazos adecuados, así como la incorporación de criterios de calidad urbana, sostenibilidad y participación ciudadana en la adjudicación.
En caso de que estas peticiones no sean atendidas, los firmantes anuncian que elevarán la cuestión al Ministerio de Hacienda y a los órganos responsables de la gestión de los fondos europeos.
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