García-Page y Puig piden que la nueva financiación blinde los servicios públicos

El president de la Generalitat, Ximo Puig, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han reclamado un nuevo sistema de financiación autonómica que blinde los servicios públicos básicos que prestan las comunidades autónomas y equipare a los ciudadanos independientemente de donde residan.

Ambos presidentes autonómicos han suscrito hoy, tras reunirse en el Palau de la Generalitat, una declaración conjunta sobre la reforma del sistema de financiación, en la que también coinciden en la "insuficiencia" de los recursos asignados por el actual modelo para dedicarlo a los servicios públicos.

El nuevo sistema de financiación -opinan- debe proporcionar estabilidad a la financiación al menos de la sanidad, la educación y los servicios sociales, y debe asegurar la aplicación efectiva de la lealtad institucional entre el Estado y las Comunidades autónomas, así como entre estas.

El president de la Generalitat ha afirmado que no van a "bajar los brazos" ante estas reivindicaciones, en tanto que García-Page ha manifestado que el Gobierno está "totalmente agarrotado", una postura "propia de quien en los grandes problemas juega a lanzarlos a la generación siguiente".

También han coincidido en que es necesaria una armonización fiscal que evite la competencia desleal y en que se eliminen las entregas a cuenta del Gobierno a las comunidades como elemento "de chantaje político".

Han denunciado que el esfuerzo en la reducción de gasto público ha sido desigual entre las Administraciones, y así las comunidades autónomas han soportado el 62,2 %, las corporaciones locales el 28,1 % y la Administración central el 20,5 % de los ajustes.

Pese a ello, las comunidades han aumentado su deuda, y en el caso de Castilla-La Mancha con el gobierno de Cospedal se ha duplicado en cuatro años, de 7.000 a 13.600 millones, ha señalado García-Page, quien ha reconocido que una de las fórmulas para restablecer el equilibrio sería incorporar la quita de la deuda a la negociación del nuevo modelo.

Puig ha insistido en que acordar posiciones dentro del debate de la financiación no es "ir contra nadie, sino a favor del sistema autonómico y de los ciudadanos", y ha criticado que el incumplimiento del Gobierno de cambiar el sistema en 2017 conlleva "un desgaste" en la confianza en las instituciones.

"Se trata de cumplir las leyes y la Constitución; existe el (artículo) 155, pero también el 156", ha manifestado Puig.

García-Page se ha mostrado "escéptico" ante un Gobierno "agarrotado", con el que las comunidades se han comportado de forma leal en el conflicto de Cataluña pero no pueden estar "permanentemente a la espera" para abordar el problema. "Ni Cataluña puede ser la excusa para Rajoy en la solución del problema", ha agregado.

"Nosotros nos hemos comportado con enorme lealtad en el conflicto de Cataluña y en la inestabilidad de un año sin gobierno", ha dicho el presidente castellanomanchego, para quien el año 2017 "se ha aprovechado muy mal y muy poco" para la financiación autonómica.

A su juicio, ahora comienza un ciclo distinto en el que es razonable que se empiecen a abordar los problemas desde una dinámica cooperadora" entre las autonomías, mientras que el presidente valenciano ha defendido una cooperación y una intercomunicación más efectiva entre las regiones.

Ambos dirigentes han destacado las relaciones entre ambas regiones, una cuestión que tratarán en una próxima reunión que celebrarán en Toledo sobre el desarrollo económico y el empleo.

En la Comunitat Valenciana residen 215.000 personas de Castilla-La Mancha y el 10 % de las ventas valencianas tienen como destino esta comunidad, el mismo porcentaje que las compras, según los datos ofrecidos por Puig.