El Consejo de Seguridad Nuclear suspende la tramitación del permiso del ATC en Villar de Cañas

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha acordado hoy dejar en suspenso la emisión del informe sobre la autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

El Pleno ha modificado el orden del día de su reunión para incluir este asunto después de que así se lo pidiera el pasado 5 de julio el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, en una misiva al regulador nuclear.

El objetivo era "analizar con detalle la situación tras el reciente cambio de Gobierno, así como la pendiente tramitación y aprobación del VII Plan General de Residuos Radiactivos y el conjunto de nuevos factores que pueden haberse modificado en el tiempo transcurrido desde enero de 2014", explicaba la carta.

La decisión del Ejecutivo de paralizar el permiso de obras del silo nuclear fue comunicada hace una semana de manera oficial y vía telefónica por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural castellanomanchego, Francisco Martínez Arroyo.

Hoy, los consejeros del CSN han aprobado por unanimidad el plan presentado "para paralizar la emisión de los informes de evaluación y proceder a documentar ordenadamente las actuaciones realizadas hasta la fecha o en curso para su mejor aprovechamiento futuro", explica el organismo en una nota.

El comunicado añade que la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear ha preparado un plan "que recoge y resume el estado actual de las actividades de evaluación asociadas a dicha autorización y establece el cronograma de acciones para documentar las tareas realizadas y hacer efectiva su interrupción".

Hasta la fecha, según figura en dicho documento, el CSN "ha alcanzado un grado de avance de aproximadamente del 98 por ciento de los trabajos inicialmente planificados", indica la nota.

El emplazamiento del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) fue aprobado por el Consejo de Ministros en 2011 entre varias localidades que optaban a albergar la infraestructura, con un coste cercano a los mil millones de euros y la previsión de que comenzara a funcionar en 2016.

La oposición de partidos políticos y organizaciones ecologistas, con informes técnicos en contra, y el cambio de Gobierno en Castilla-La Mancha en 2015, forzaron la paralización del proyecto y la aprobación de un decreto en 2016 para ampliar la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito (Cuenca).

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha suspendió el decreto del Gobierno regional y el Tribunal Supremo dejó en suspenso la ampliación de protección ambiental que había recurrido el Gobierno central.