Los senadores por Cuenca, Benjamín Prieto, María Jesús Bonilla y Alejo Miranda, han calificado como “muy necesaria” la aprobación, ayer en el Senado, de la toma en consideración de la primera ‘Ley Feijóo’, centrada en combatir la okupación de inmuebles, y sobretodo viviendas, en nuestro país. Los populares han lamentado el voto en contra de los senadores del Psoe a esta medida, “que se centra en solucionar un problema grave y en auge que se ha incrementado en un 37% desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa”, recuerdan. Esta proposición de Ley recoge, entre otras medidas, el desalojo de los okupas en 24 horas o que se les impida empadronarse en las viviendas en las que entran. También contempla un incremento de las penas por este delito.
“Desde el Partido Popular trabajamos para resolver los problemas de los ciudadanos, de los conquenses, no para amnistiar a ningún delincuente”, ha declarado la senadora María Jesús Bonilla, quien ha querido recalcar que en esta proposición de Ley, “no estamos hablando de las personas que en situación de vulnerabilidad tienen problemas de acceso a una vivienda o de pobreza. Los okupas son delincuentes organizados por eso al okupa no se le desahucia, al okupa se le desaloja y al vulnerable se le protege”.
Bonilla ha destacado la esencial labor que desde la Cámara Alta se está llevando a cabo en la actual legislatura, “vamos a proponer desde el Senado un conjunto de leyes para su aprobación por las Cortes Generales, que sirvan para resolver problemas que preocupan hoy a los españoles”, ha avanzado, “y la primera es luchar contra los delincuentes en lugar de amnistiarlos”.
Entre las preocupaciones de los ciudadanos desde hace años se encuentra el problema de la okupación, “atenta contra el derecho de propiedad privada, ocasiona numerosos problemas de convivencia vecinal, provocando inseguridad a los vecinos, el deterioro de los espacios y la degradación de barrios completos”, ha explicado la senadora conquense, “no se trata tanto de colectivos antisistema, o de hechos aislados, sino de auténticas redes criminales, en muchos casos mafias organizadas, que se aprovechan de los resquicios de la ley para delinquir”. Bonilla ha señalado que “es una evidencia que el marco legal actual es poco eficaz en la protección adecuada del derecho de propiedad, por lo que es necesario modificarlo”.
Además del desalojo en 24 horas de los okupas, impedirles que se empadronen en las viviendas a las que acceden o incrementar las condenas para este delito, la proposición de Ley aprobada ayer en el Senado establece penas también para aquellos que alienten o promuevan la okupación, habilita a las comunidades de propietarios para acudir a la autoridad en los casos en que los okupas realicen actividades prohibidas, insalubres, nocivas, o peligrosas y también permite a estas comunidades prevenir este delito, adoptando medidas como tapiar puertas o ventanas.
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