Una encuesta anónima a 318 prostitutas realizada en 2023 por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) de Murcia en la calle y clubes de Murcia, Alicante, Albacete y Almería y en encuentros sectoriales en Madrid revela que solo menos del 10 % ejercen o han ejercido el oficio obligadas por terceras personas.
Financiado por el Ministerio de Igualdad y el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y coordinado por la antropóloga Irene Adán, es uno de las primeros estudios en España en los que se ha podido obtener información directa cualitativa y cuantitativa de las protagonistas, según la organización no gubernamental (ONG) que lleva 22 años proporcionando atención a las trabajadoras sexuales y sus familias en el sureste español.
El 1 % refiere estar sufriendo trata en la actualidad y el 8 % haberla padecido en el pasado y solo un 20 % de las encuestadas han conocido a mujeres en esa situación, aunque otro 17 % lo ha sospechado, lo que "desmiente el mito ampliamente difundido de que la mayoría de las trabajadoras sexuales son víctimas de trata", señala al aludir a otros informes que llegan a la misma conclusión de Médicos del Mundo en 2022 y de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida en 2021.
Nueve de cada diez declaran que se prostituyen por motivos económicos y para sacar adelante a su familia, pero un tercio dejaría de hacerlo si encontrara un empleo, algo más de la mitad lo haría solo si fuera especialmente ventajoso y un 11 % seguiría haciéndolo en cualquier caso.
El 87 % considera la prostitución un trabajo, el 93 % no está de acuerdo con que sea una violación a cambio de dinero, el 82 % con que los clientes busquen poder para abusar -entendiendo por abusos no solo los sexuales, sino también pedir la devolución del dinero una vez realizado el servicio o malos tratos verbales- y el 94 % con que pueden hacer lo que quieran al pagar.
El 89 % está contra de su prohibición y el 60 %, en especial las que trabajan en la calle, refieren haber sufrido violencias de la policía, a la que no perciben como protectora, un 50 % de los dueños o encargados de lugares de prostitución y un 78 % de clientes, aunque solo un 4 % señalan que la mayoría de estos son abusadores.
También hablan de violencias desde los servicios sociales o las ONG, pues a pesar de que algunas valoran lo que les ofrecen, son críticas con su enfoque al entender que algunas de estas organizaciones las revictimizan.
Según el estudio, la criminalización de la prostitución impacta negativamente en las condiciones de vida y trabajo y empuja a muchas hacia la pobreza, mientras que la falta de permisos de residencia para mujeres extranjeras y la escasa accesibilidad al empleo son factores determinantes para ejercerla.
El 81% de las que la ejercen se oponen a multas o sanciones de cualquier tipo y solo apoyan medidas abolicionistas o prohibicionistas entre un 8,5 % y un 12,5 % de las entrevistadas.
El informe concluye que las consecuencias de la criminalización y la legislación recaen principalmente en ellas, lo que resalta la necesidad de darles mayor peso en el proceso legislativo en un entorno político donde rara vez son consideradas como interlocutoras, un silenciamiento que forma parte de las violencias ejercidas contra ellas, crea obstáculos para el ejercicio de sus derechos e impide su participación en las políticas públicas que les afectan.
El libro con los resultados de la investigación estará disponible en breve en internet en la web www.asociacioncats.es y en préstamo en las principales bibliotecas públicas y de universidades.
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