Para Cuenca Laica el estado no debe actuar como recaudador de la Iglesia Católica con la declaración del IRPF

Para Cuenca Laica-EL “la propia existencia de una casilla en la declaración del IRPF para la iglesia católica refleja el apoyo del Estado a esa confesión y la discriminación para ateos, agnósticos, indiferentes y creyentes de otras religiones”. “El Estado vulnera así el artículo 14 de la Constitución, que establece que todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna”, señaló Castellano.

Los cerca de 250 millones de euros recaudados por los obispos son sólo una pequeña parte de los fondos que el Estado deriva hacia la iglesia católica, que Europa Laica estima en más de 7.000 millones de euros: subvenciones a colegios concertados religiosos, profesores de religión, sostenimiento de su patrimonio inmobiliario y artístico, capellanes en hospitales, cárceles y ejército, etc.

Desde Cuenca Laica-Europa Laica se rechaza la casilla de asignación tributaria a fines sociales, porque “aproximadamente un 40% de lo que se recauda por este concepto se entrega a organizaciones y fundaciones católicas; de ahí que la jerarquía católica anime a marcar ambas casillas. Los fines sociales que puedan cubrir las ONG son de tal importancia que deben ser financiados directamente por el Estado, sujetos a control del Parlamento y sin depender de los vaivenes recaudatorios”, comentó el portavoz de la organización laica en Cuenca.

También lamentaron desde Cuenca Laica-EL que “la iglesia católica dedicará parte de los recursos obtenidos a sufragar costosas campañas para promover la discriminación por razón de género u orientación sexual, contra la libertad de la mujer para decidir sobre su maternidad, contra los avances científicos para mejorar las condiciones de vida y de salud, o contra la eutanasia y la muerte digna, muchas veces en contra de leyes aprobadas por el Parlamento”.

Por último, Castellano dijo que “después de más de 30 años de democracia en España y de una  Constitución que establece “que ninguna confesión tendrá carácter estatal”, los hechos, en materia de relaciones iglesia católica-Estado español, no sólo sigue igual que en siglos anteriores, sino que, en términos reales, se ha acrecentado la financiación del estado hacia la iglesia católica, lo que, de hecho, significa que estamos en un Estado confesional encubierto”.