En este sentido, Pardo ha indicado que esta cantidad está destinada a distintos tipos de subvenciones, como las que cubrirán gastos de personal, mantenimiento y reserva de plazas; gestión de programas de atención residencial y subvenciones para desarrollo de programas de prevención de dependencia y promoción de la autonomía personal.
Según ha explicado Pardo, otro de los asuntos tratados en Consejo de Gobierno ha sido la toma en conocimiento del anteproyecto de Ley de Ordenación de los Servicios Jurídicos en la Administración regional.
El delegado de la Junta ha subrayado que se trata de un paso más en la organización de la Junta, ya que contribuye “a dar una mayor seguridad jurídica y a un mejor funcionamiento de la Administración".
La futura Ley unificará los criterios en todos los asuntos jurídicos que la Administración regional aborda, con el objeto de que se tenga un punto de vista común para todos ellos. En este sentido, Rogelio Pardo ha añadido que "se trata de modernizar los servicios jurídicos”, además de superar un marco normativo con el objetivo de que “podamos conseguir una mejor defensa de los intereses generales de los castellano-manchegos".
Organización de consumidores
Además, el delegado de la Junta en Cuenca ha destacado que otro de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno ha sido la toma en conocimiento del Decreto de Registro de las organizaciones de consumidores y usuarios de Castilla-La Mancha.
Tal y como ha explicado Rogelio Pardo, se trata de una norma "garantista del acceso a una eficaz defensa de los derechos que defienden las organizaciones de consumidores".
Según ha indicado el delegado de la Junta, el Decreto se dirige al ámbito asociativo en materia de consumo en la región, aunque incide de manera individual en los ciudadanos como consumidores y usuarios.
Así, a través de esta norma, las asociaciones podrán hacer trámites de forma electrónica, verán cómo se suprimen requisitos documentales y se simplifican los procedimientos.
Además, el delegado ha añadido que se incorpora el silencio positivo o estimatorio, lo que significa que “si en tres meses la administración no notifica la inscripción en el Registro, la solicitud de inscripción se entenderá desestimada", ha explicado Pardo.
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