CEOE CEPYME Cuenca rechaza el Proyecto de Ley de Reducción de Jornada Laboral, argumentando que obstaculiza la negociación colectiva y perjudica la economía, especialmente a las pymes. La organización aboga por una reducción adaptada a cada sector mediante acuerdos colectivos, en lugar de imponer cambios legislativos.
CEOE CEPYME Cuenca reitera su rechazo ante el Proyecto de Ley de Reducción de jornada Laboral que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha presentado al Consejo de Ministros.
La Confederación de Empresarios de Cuenca destaca que nuevamente se ha vuelto a apostar por el oportunismo político y el marketing sobre el establecimiento el diálogo social.
En línea con el comunicado emitido por CEOE, la organización empresarial conquense defiende la reducción de la jornada ajustada a las necesidades de cada sector a través de la negociación colectiva.
En este sentido, señala que la voluntad de imponer la reducción de la jornada laboral para cumplir un acuerdo político está ocasionando un freno en la negociación colectiva, que es una infraestructura básica para mantener la estabilidad económica y la paz social. Además, añade que situar la jornada máxima legal por debajo de la jornada promedio ya pactada en los convenios va a acabar por romper con la negociación colectiva.
Impacto negativo
CEOE afirma que esta decisión tendrá un grave impacto sobre la actividad económica y el empleo, con especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas y en algunos sectores del país.
Recuerda la organización provincial que la pequeña y mediana empresa tiene como marco normativo laboral el convenio colectivo provincial de su sector, que establece jornadas anuales más elevadas que las establecidas en convenios de empresa, que pueden negociar jornadas menores a cambio de una productividad medible.
Desde CEOE CEPYME Cuenca, se ha defendido una reducción de jornada con medidas y periodos transitorios, que permitan la adaptación no traumática a aquellos sectores con jornadas anuales más amplias. Entendemos que estas reglas de transitoriedad deben dejarse en manos de los negociados de los convenios colectivos.
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