El PCE e IU respaldan a los trabajadores del servicio de ambulancias y piden su gestión pública directa

El Partido Comunista de España e Izquierda Unida se han reunido con representantes del personal del servicio de ambulancias en Cuenca, pertenecientes al sindicato CCOO. En la reunión estuvo presente el concejal del PCE a través de Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca, Pablo García Rubio, junto a dos delegados de personal de CCOO.

Durante el encuentro, ambas partes han abordado el conflicto laboral que mantienen los y las trabajadoras con la empresa privada adjudicataria del servicio, que actualmente gestiona las ambulancias en la provincia. En este contexto, han valorado positivamente la moción que Cuenca En Marcha presentó este lunes, 26 de mayo, al Pleno del Ayuntamiento, solicitando el respaldo institucional a la mejora de las condiciones laborales del personal del servicio, así como la necesidad de garantizar una prestación digna y segura para toda la ciudadanía. Moción que, finalmente, fue aprobada por amplia mayoría, salvo por los ediles de Vox.

Tanto Pablo García como los representantes sindicales coincidieron en denunciar la precariedad de medios y el mal estado de muchos vehículos con los que se presta este servicio esencial. Esta situación, afirmaron, está repercutiendo negativamente en la calidad del servicio, afectando de forma especialmente grave a personas vulnerables como mayores, pacientes oncológicos, personas en tratamiento de diálisis o usuarios de urgencias.

Asimismo, se subrayó la importancia de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, presidida por el Sr. Emiliano García-Page, revierta la privatización del servicio y lo recupere para una gestión pública directa. En este sentido, desde el Partido Comunista recuerdan que la legislación vigente permite esta reversión, ya que antes de cada nueva licitación debe evaluarse la posibilidad de una gestión pública directa del servicio.

El concejal del PCE insistió en que la negativa a recuperar un servicio de gestión pública directa se trata de una decisión eminentemente política, cuyo objetivo debería ser garantizar un servicio público eficiente, digno y seguro. Además, señaló que esta medida podría suponer un ahorro para las arcas públicas al eliminar el margen de beneficio empresarial de las adjudicatarias privadas, que obtienen beneficios a costa de un servicio esencial financiado con dinero público. “Si la Junta continúa con la privatización de este servicio es por razones bien distintas a las de las propias necesidades de usuarios y pacientes”, remarcó Pablo García.

El PCE reafirma su compromiso con la defensa de los servicios públicos y con las condiciones laborales de quienes los sostienen, y hace un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas y sociales para materializar lo aprobado en la citada moción, en defensa del derecho a una sanidad pública de calidad.