La Confederación de Empresarios de Cuenca (CEPYME) alerta de que el nuevo proyecto de Real Decreto sobre residuos textiles y de calzado podría aumentar costes y cargas administrativas para las empresas, poniendo en riesgo empleo y viabilidad del sector, sin aportar mejoras significativas en sostenibilidad.
La Confederación de Empresarios de Cuenca (CEPYME) ha pedido una regulación más eficaz de los residuos textiles, ante los riesgos que el nuevo proyecto de Real Decreto sobre residuos textiles y de calzado podría generar para las empresas y el empleo.
El proyecto, actualmente en fase de presentación de alegaciones, regula la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) y plantea importantes implicaciones para la industria. Según el informe elaborado por CEPYME, titulado ‘Impacto del proyecto de Real Decreto de Gestión de residuos textiles’, la normativa no constituye una herramienta eficaz de economía circular, sino un marco que transfiere costes económicos y administrativos al sector sin aportar beneficios ambientales significativos.
El estudio combina datos actualizados, proyecciones hasta 2023 y un análisis comparativo con otros países, con el objetivo de proponer un sistema que impulse la circularidad y, al mismo tiempo, sea viable para las pequeñas y medianas empresas.
Coste económico y consecuencias para las pymes
El informe alerta de que el coste del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor podría superar los 400 euros por tonelada, frente a la tarifa de referencia actual de 250 euros por tonelada, sin generar avances ambientales significativos. Este incremento tendría un impacto directo sobre aproximadamente un 15% del tejido empresarial, afectando especialmente al comercio minorista.
CEPYME advierte que el resultado podría derivar en un proceso de desindustrialización que afectaría a un sector que representa el 2,9% del PIB español y que en 2023 aportó 23.400 millones de euros en valor añadido bruto, con cerca de 55.000 empresas activas a lo largo de toda la cadena de valor.
Además, el informe destaca que la normativa incluye un conjunto de obligaciones administrativas —registros, reportes, trazabilidad y espacio de almacenamiento— que multiplican por diez los costes burocráticos previstos por el propio Gobierno. Según CEPYME, esto no contribuye a mejorar la circularidad, sino que aumenta la complejidad de gestión y desvía recursos que podrían destinarse a innovación y proyectos sostenibles.
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