Según ha explicado Plaza, estas resoluciones judiciales “no son hechos aislados, sino un patrón preocupante que evidencia una forma de gestionar el personal basada en la improvisación, la falta de informes preceptivos y la vulneración de principios básicos de igualdad y seguridad jurídica”.
El alto tribunal autonómico ha emitido recientemente las sentencias 465/2025, 491/2025 y 306/2025 —esta última ratificada por la 404/2025—, todas ellas desfavorables para la Diputación y favorables a los trabajadores afectados. En concreto, la sentencia 465/2025 declara nula la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada el 27 de abril de 2022 por carecer de los informes obligatorios de Secretaría e Intervención exigidos por el Real Decreto 128/2018, recordando que un informe del director de Recursos Humanos no puede sustituir al asesoramiento legal preceptivo.
Por su parte, la sentencia 491/2025 anula la convocatoria del concurso específico para el puesto de Jefe de Servicio de Cooperación y Contratación al basarse en una RPT previamente declarada nula. Además, la sentencia 306/2025 invalida el nombramiento en comisión de servicios del Gerente del Área de Desarrollo Territorial y Empleo por falta de convocatoria pública, vulnerando el artículo 81.3 del TREBEP y el principio de igualdad en el acceso a la función pública.
Para la diputada popular, estos fallos constituyen “un toque de atención muy serio” sobre la gestión del personal en la institución provincial. En este sentido, ha recordado que durante el último año “la Diputación ha creado y reorganizado puestos de manera dudosa, ha practicado ceses injustificados, ha utilizado bolsas de trabajo para colocar a personas afines y ha omitido la convocatoria pública y la concurrencia para cubrir puestos estructurales”.
Plaza ha denunciado que “se están utilizando mecanismos excepcionales como si fueran ordinarios, amparándose en supuestas urgencias para saltarse principios esenciales como la igualdad, la publicidad y el mérito”, y ha añadido que las explicaciones del equipo de Gobierno llegan tarde o de forma incompleta, incluso tras preguntas formuladas en sesiones plenarias.
Finalmente, la diputada del PP ha exigido al Ejecutivo provincial que “asuma responsabilidades, acate las sentencias, repare los daños causados y adopte medidas para que esta situación no vuelva a repetirse”. “Los trabajadores de la Diputación merecen seguridad jurídica, respeto y procedimientos claros. La institución no puede seguir acumulando sentencias desfavorables por una gestión deficiente que pone en riesgo su credibilidad”, ha concluido.
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