El presidente del Comité de Empresa de Geacam, Manuel Amores, ha informado de que en el último año y en lo que va de 2026 se han producido un total de 16 despidos en Castilla-La Mancha (cuatro en Guadalajara, tres en Cuenca, uno en Toledo, dos en Ciudad Real y seis en Albacete). Según ha explicado, se trata de empleados con trayectorias de entre 30 y 40 años de servicio que, tras no superar el reconocimiento médico, han sido cesados.
Amores ha advertido de la situación especialmente complicada de estos trabajadores, muchos de ellos cercanos a los 60 años y residentes en zonas rurales, donde las posibilidades de encontrar empleo son muy limitadas. “Se les está enviando al desempleo sin opciones reales de reincorporarse al mercado laboral”, ha señalado.
Incumplimiento de la normativa
Desde CCOO sostienen que la empresa no está cumpliendo con lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que obliga a priorizar la adaptación del puesto o la recolocación del trabajador. Según Amores, en algunos casos se han ofrecido alternativas temporales en torres de vigilancia durante la campaña de incendios, pero posteriormente se plantean destinos lejanos, a cientos de kilómetros, que hacen inviable su continuidad.
Asimismo, el sindicato denuncia que tampoco se está aplicando el convenio colectivo en lo relativo a las indemnizaciones. Mientras que este contempla 40 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades en caso de extinción, la empresa estaría aplicando el criterio del Estatuto de los Trabajadores, con 20 días por año y un máximo de 12 mensualidades.
Amores ha lamentado que una empresa pública actúe de esta forma y ha instado a la dirección a buscar soluciones negociadas que eviten judicializar estos casos.
Casos concretos y críticas en Cuenca
Por su parte, el delegado de CCOO en Cuenca, Alejandro García, ha denunciado que esta situación se repite en todas las provincias y ha expuesto el caso de una trabajadora con un 34% de discapacidad reconocida que solicitó la adaptación de su puesto. Según ha indicado, la empresa optó por modificar su contrato de indefinido a fijo discontinuo, lo que a su juicio supone un recorte de derechos en lugar de una solución.
Desde el sindicato aseguran que continuarán denunciando estas decisiones por considerar que vulneran la legislación vigente y el convenio colectivo, aunque lamentan que, por el momento, la única vía para resolver estos conflictos sea la judicial.
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