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Castilla-La Mancha demanda la institucionalización del Pacto de Estado contra la violencia de género
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Castilla-La Mancha demanda la institucionalización del Pacto de Estado contra la violencia de género

lunes 21 de septiembre de 2020, 23:23h

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La consejera de Igualdad y Portavoz, Blanca Fernández, ha pedido al Gobierno de España que institucionalice el Pacto de Estado contra la violencia de género, que promulgue cuanto antes una ley contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y que adapte la Ley integral contra la violencia de género al Convenio de Estambul.

“De estas tres peticiones dependen, en primer lugar, los fondos para mantener políticas cuya estabilidad a lo largo del tiempo dé resultados; en segundo lugar, los instrumentos legales para luchar contra las diferentes violencias machistas y, finalmente, también necesitamos una legislación contundente contra esa aberración que es la trata con fines de explotación sexual que destroza la vida de mujeres y niñas, y cuyas consecuencias son similares a las que sufre una persona sometida a torturas”, en palabras de Blanca Fernández.

La consejera ha realizado estas demandas esta tarde en su comparecencia en la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del informe del Senado sobre las Estrategias contra la Violencia de Género, aprobadas en el marco del Pacto de Estado donde ha explicado las políticas a favor de la igualdad y contra la violencia de género del Ejecutivo regional.

Unas políticas que según ha explicado, se desarrollan desde el Instituto de la Mujer como principal herramienta, pero también desde la transversalidad gracias a la creación de las Unidades de Igualdad de Género en todas las consejerías.

La necesidad de institucionalizar el Pacto de Estado

Blanca Fernández ha explicado que el Gobierno regional acaba de sacar una convocatoria para los próximos dos años para los centros de la mujer y los recursos de acogida con una inversión de 28,6 millones de euros de los que 5,7 provienen de los Fondos del Pacto de Estado. Y ha aportado cifras sobre la importancia del trabajo de esta red, formada por 84 centros atendidos por 298 profesionales que en 2019 atendieron a más 23.000 mujeres y resolvieron más de 100.000 consultas, y los 14 recursos de acogida más uno extraordinario puesto en marcha con motivo de la pandemia, que suman 280 plazas y 125 profesionales, y que hasta el 31 de julio de este año han atendido a 216 mujeres y 188 niñas y niños.

En materia de prevención y atención a la violencia de género Castilla-La Mancha cuenta con el sistema DLI, Dispositivos de Localización Inmediata, que complementa al sistema Atenpro, habiendo en estos momentos 853 mujeres con uno de estos mecanismos de protección.

Por lo que respecta a las ayudas a la salida de los recursos de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, existen las ayudas a la autonomía, mejoradas gracias al Pacto de Estado; también tienen la posibilidad de ir a uno de los pisos del parque público de vivienda que gestiona la Consejería de Fomento donde pueden beneficiarse de un programa de acompañamiento para ayudarles en ese período de transición.

“Especialmente orgullosas nos sentimos de dos programas: el de atención psicológica a menores víctimas de violencia de género con el que hemos atendido hasta el 31 de agosto a 195 menores y al que destinamos casi 200.000 euros de los que una cuarta parte depende del Pacto de Estado, y el programa ‘Contigo’ con el que atendemos a mujeres que han sufrido agresiones sexuales y que en lo que va de año han sido 70”, ha explicado la consejera.

“En definitiva, ha reivindicado, hay que institucionalizar el Pacto de Estado para que cuando este acabe no suponga recortes en las comunidades autónomas, porque si se produjeran, las únicas víctimas serían las mujeres, las niñas y los niños que ya han sido víctimas de violencia de género”.

Una ley para acabar con la “esclavitud de siglo XXI”

Sobre esta cuestión la consejera ha animado a hacer un ejercicio de autocrítica acerca de la situación que viven las mujeres y niñas en contextos de prostitución y ha lanzado la siguiente reflexión: “creo que no me equivoco si digo que es la esclavitud del siglo XXI, que hay miles de mujeres esclavizadas en nuestro país, que pasamos por delante de los locales con luces de colores y no nos paramos a pensarlo la mayoría del tiempo porque, como es un tema tan difícil de acometer, piensan unos, y porque cada uno que haga con su cuerpo lo que quiera, piensan otros, aquí no hacemos nada. Pero lo cierto es que, en España, el mundo de la prostitución mueve tanto dinero como la industria del calzado, que se explota a las mujeres física y mentalmente hasta la extenuación y que algo tenemos que hacer”.

También ha recordado que ante la situación de miseria y abandono en la que quedaron miles de estas mujeres durante el confinamiento, en Castilla-La Mancha se puso en marcha el programa de intervención social ‘Libres’ en colaboración con entidades especializadas del Tercer Sector. Este programa contempla ayudas económicas de emergencia para necesidades básicas y herramientas para salir del mundo de la prostitución. “Ya hemos llegado a 235 mujeres y nuestro objetivo es llegar a 600”, ha añadido.

Además, Castilla-La Mancha fue la primera región en decretar el cierre de los prostíbulos y ha lamentado que esta acción no la llevase a cabo el Gobierno central, ya que tal como ha explicado “si un proxeneta no quiere cerrar tienen que entrar la autoridad judicial. Por eso creemos que el Gobierno de España tiene que ponerse serio, en contexto COVID y sin contexto COVID, y hacer una ley ya anunciada por el presidente del Gobierno que en Castilla-La Mancha celebramos”.

Blanca Fernández ha considerado que esa ley contra la trata con fines de explotación sexual, “es imprescindible, porque muchas mujeres son tratadas como objetos, vienen a España con unas expectativas y se encuentran otra vida y otras circunstancias muy difíciles de digerir en pleno siglo XXI. Pero no menos difícil es explicar por qué seguimos manteniendo los ojos cerrados”.

El Convenio de Estambul para que España sea un país fuerte frente a la violencia machista

Respecto a su tercera demanda, Blanca Fernández ha recordado que la legislación autonómica está adaptada al Convenio de Estambul, sin embargo, “siendo un instrumento muy potente, está incompleto porque falta la adecuación de la Ley integral contra la violencia de género al Convenio de Estambul para que España sea un país fuerte frente contra este problema estructural que durante siglos ha hecho mucho daño y sigue haciéndolo”.

En ese sentido, Blanca Fernández ha alertado contra los mensajes que dicen que la violencia de género no existe o que la violencia no tiene género “porque empoderan a los maltratadores y debilita a las víctimas”.

Más políticas regionales

La consejera ha explicado que la estrategia de subvenciones y ayudas está compuesta por 17 líneas a las que se destinan 1,7 millones de euros y que permiten trabajar con 400 asociaciones y entidades del Tercer Sector, empresas, ayuntamientos y sindicatos. De este conjunto, hay 3 líneas exclusivas de Castilla-La Mancha: las ayudas de solidaridad para mujeres con secuelas graves consecuencia de la violencia machista, las becas universitarias Leonor Serrano y las ayudas de orfandad para niños y niñas que han perdido a su madre por esta violencia.

En materia de empleo, la estrategia regional prioriza la contratación y los proyectos liderados por mujeres y entre otras medidas destaca el plan de empleo de 2019 dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y a mujeres en situación de gran vulnerabilidad que tuvo 686 beneficiarias y que estuvo dotado con casi 5 millones de euros financiados por el Pacto de Estado

Entre las acciones convenidas están la creación de la Cátedra Isabel Muñoz Caravaca, el convenio con el Ente Público Radio Televisión de Castilla-La Mancha para frenar el machismo y formar profesionales financiado al cien por cien con el Pacto de Estado; también con cargo a estos fondos un convenio con la FEMP para formar en igualdad, y finalmente un convenio de colaboración con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para la orientación laboral de mujeres víctimas de violencia de género.

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