El gobierno de Castilla-La Mancha confía en que la multinacional META construya un gran centro de datos en Talavera de la Reina. La empresa META es la nueva marca de Facebook y cuenta con instalaciones en Dinamarca, Irlanda y Suecia. Si la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp establece su sede en Talavera es porque los poderes públicos han creado las condiciones apropiadas para ello.
El impulso decisivo del gobierno regional fue la creación en 2020 del Centro Regional de Innovación Digital. A partir de ahí, distintas multinacionales tecnológicas (IBM, Oracle, Red Hat) se han establecido en Talavera de la Reina, dando lugar a que, por un efecto de atracción gravitatoria, las empresas tecnológicas se concentren en la ciudad, para aprovechar sinergias y ahorrar costes.
Pero el gobierno de la comunidad, además de crear las condiciones adecuadas, ha adquirido el compromiso de garantizar el éxito del proyecto META con un incentivo fundamental: los fondos europeos de recuperación de la COVID-19. Porque Castilla-La Mancha, como región desfavorecida, dispone de cuantiosos fondos europeos de recuperación y resiliencia (Next Generation).
Que META se instale en Talavera es de gran importancia para España y el sur de Europa. Una feliz noticia que contrasta con una calamidad, también provocada por el gobierno de Castilla-La Mancha: el delirante proyecto de destrucción de la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia.
Sería una catástrofe, sin paliativos, que no se invierta una mínima parte de los cuantiosos fondos europeos en renovar la red ferroviaria, perjudicando el futuro de la provincia más despoblada de la comunidad, cuando existe una nueva generación de trenes más fiables y respetuosos con el medio ambiente.
Es inaceptable que, contando con fondos europeos, el ejecutivo autonómico esté empeñado en despilfarrar recursos ya invertidos en la línea férrea, provocando la destrucción del servicio público de ferrocarril, que constituye un valioso patrimonio valorado en más de 1000 millones de euros.
Lo que el plan de destrucción de la línea férrea está poniendo de relieve es que, al contrario de lo que dice García-Page las administraciones de Castilla-La Mancha no buscan nuevas fórmulas de interacción con la ciudadanía para satisfacer sus necesidades y, mucho menos, mantienen la calidad de los servicios públicos. Como bien sabe el presidente, la destrucción del transporte público de ferrocarril no es un buen indicador de calidad de los servicios públicos.
Es posible que al gobierno de Castilla-La Mancha no le llegue la voz de la ciudadanía de Cuenca, pero está obligado a respetar las Directrices de la Comisión Europea sobre ayudas regionales, válidas para el período 2022-2027, en las que se identifica a Cuenca como la zona más desfavorecida de la región (zona “a”) porque se enfrenta a retos estructurales, como la despoblación.
Constituiría un agravio histórico inaudito del ejecutivo autonómico que, al mismo tiempo que promueve la instalación de META en Talavera, emprenda la destrucción del ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, por no incluir entre los criterios de inversión la despoblación, el escaso crecimiento del PIB, la falta de inversiones y la menor competitividad.
La ciudadanía de la provincia de Cuenca debe apoyar las alegaciones presentadas por las corporaciones locales, afectadas por la clausura irracional del ferrocarril. No queda otra opción que seguir la estrategia propuesta por Emiliano García-Page, estando en la oposición, para la defensa del ferrocarril: “pelear a muerte por evitar el cierre de línea”.
Todas las personas de la provincia más desfavorecida de la región estamos obligadas, por razones de dignidad y en defensa de nuestros derechos, a pelear con coraje cívico, para que el ejecutivo regional cumpla con los objetivos establecidos en el Estatuto y respete las Directrices de la Unión Europea.
Debemos reivindicar, que el gobierno lleve a cabo la modernización integral del servicio público de ferrocarril, mediante la inversión de los fondos europeos de recuperación y resiliencia (Next Generation). Hay que impedir que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cometa una grave injusticia y dañe el sentimiento regional, mediante actuaciones arbitrarias de discriminación contra Cuenca, el año que celebramos el cuarenta aniversario del Estatuto de Autonomía.
Fernando Casas Mínguez
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