Los once Ayuntamientos que el 23 de marzo recurrieron contra la clausura del tramo de la línea Aranjuez-Valencia Fuente de San Luis han conseguido un éxito memorable. Gracias al histórico recurso, los Alcaldes han impedido que la infraestructura del ferrocarril sea desmantelada y, en el supuesto de una eventual estimación de la demanda, el servicio de tren pueda restablecerse. Los Ayuntamientos recurrentes del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 21 de febrero de 2023, solicitaban su Suspensión alegando que si se eliminaba la infraestructura viaria que existe sería imposible, o extremadamente gravoso, poner en funcionamiento de nuevo el ferrocarril. El Tribunal Supremo adoptó la medida cautelar de Suspensión del Acuerdo del Consejo de Ministros, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho fundamental a la ejecución de la sentencia, en el supuesto de que fuera favorable a los intereses de los Ayuntamientos.
Un efecto imprevisto de que el Tribunal Supremo haya suspendido la ejecución del Acuerdo del Consejo de Ministros, ha sido el reconocimiento público de la importancia de los Ayuntamientos. Los Alcaldes de los pueblos, por donde discurre el tren, habían sido menospreciados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Junta de Castilla-La Mancha, la Diputación y el Ayuntamiento de Cuenca, no permitiéndoles intervenir de forma efectiva en el procedimiento. El momentáneo éxito logrado por los Alcaldes en defensa del servicio público de ferrocarril, ha ocasionado que los políticos regionales partidarios de la destrucción del tren se dediquen con arrogancia a hacer ostentación de su poder. Desde las instituciones y los medios de comunicación subvencionados, producen discursos delirantes. Y además amenazan con proyectos sin interés, para que se note que mandan y no se oiga la voz de los Ayuntamientos, que han conseguido parar el desmantelamiento del ferrocarril.
El disgusto provocado por la Suspensión cautelar se detecta en los desentonados discursos del Alcalde de Cuenca. Un Alcalde que nunca reflexionó sobre la degradación de la línea férrea por falta de mantenimiento, o el perjuicio que causaba a la ciudadanía conquense la mala calidad del servicio, se despacha ahora con la falacia del “déficit monstruoso que ha generado a las arcas de todos los españoles el ferrocarril convencional de la ciudad de Cuenca”. Es desconcertante que el Alcalde se ponga en contra de la ciudadanía que representa y al servicio de los intereses del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), atribuyendo al ferrocarril convencional de Cuenca la monstruosa deuda de más de 20.000 millones de euros, generada por ADIF-Alta Velocidad. Esta confusión inaceptable de Darío Dolz quizás sea la consecuencia lógica de su frustración. Ya que el éxito obtenido por los pueblos con su histórico recurso, deteriora la imagen del único Alcalde que apoyó el Acuerdo de clausura cuya ejecución ha suspendido el Tribunal Supremo.
Fernando Casas Mínguez
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