Inmediatamente después de que nuestra formación hiciese pública su determinación de paralizar cualquier actuación impulsada por el PSOE que pudiera comprometer la viabilidad de revertir el proceso de desmantelamiento de la conexión ferroviaria Madrid—Cuenca—Valencia, el Partido Socialista anunció por boca del presidente de la Diputación Provincial el inminente comienzo de los trabajos de demolición del muro delimitador de la zona de RENFE con el Paseo de San Antonio.
El propio alcalde de la ciudad confirmaba —en noticia de 15 de marzo de 2023— que la demolición del muro ya contaba con licencia.
+CUENCA Ahora afirma que dichas manifestaciones no se ajustan a la realidad y que no existe licencia urbanística alguna para llevar a cabo dicha actuación.
+CUENCA Ahora ha sido informado de que el Ayuntamiento ha requerido a la Diputación Provincial acreditación de su derecho para demoler el muro y justificación acreditativa de la procedencia del trámite de autorización solicitado (conocido como «Tramite de consulta sustitutivo de licencia de obras», regulado en la legislación urbanística). Sin embargo, el Ayuntamiento no ha recibido dicha acreditación, ni siquiera una respuesta.
Quizá, la callada de la Diputación se deba a la imposibilidad de otorgar la calificación de «obra de especial interés general» que es necesaria para el trámite propuesto, teniendo en cuenta que la ley urbanística solo reconoce este interés para obras promovidas por la Diputación cuando «tengan por objeto el mantenimiento, la conservación, la reparación o la reforma de infraestructuras básicas tales como carreteras, obras hidráulicas o la producción o distribución de sistemas energéticos y de comunicaciones».
El día 15 de marzo se anuncia la disponibilidad de la licencia, pero dos días después, el día 17 de marzo, ante la ausencia de respuesta, se reitera requerimiento a la Diputación reclamando la justificación de dicho derribo. Sin mediar contestación alguna a los requerimientos municipales, el día 21 de marzo se firma un decreto de resolución para la finalización del trámite.
La ciudadanía ha de saber que la Diputación Provincial carece de potestad alguna para intervenir promoviendo demoliciones para construir aparcamientos públicos, cuestión que compete en exclusiva al Ayuntamiento.
Mediante un convenio urbanístico válido, esta cuestión podría resolverse, pero resulta que el convenio firmado está denunciado, entre otros, por el Colegio Oficial de Arquitectos y carece de validez, a falta de que el ayuntamiento responda a las alegaciones hechas en el mes de octubre del año pasado, corrija el contenido de los acuerdos propuestos para que se adecúen a la ley y sea finalmente ratificado en pleno municipal.
Al no cumplirse estos requisitos, el convenio urbanístico aludido carece de efecto y, por tanto, el Ayuntamiento no tendría la licencia necesaria para el derribo del muro, cuestión que tanto Ayuntamiento como sus servicios técnicos y jurídicos conocen a la perfección.
En este punto, denunciamos ante la ciudadanía que la única razón por la que se pretenden ejecutar ahora las obras de demolición del muro de cerramiento existente en el límite de la propiedad entre el paseo de San Antonio y los suelos ferroviarios es de naturaleza electoralista, en un intento desesperado de los dirigentes socialistas de buscar crédito para lo que entendemos, sin lugar a dudas, que constituye una operación desastrosa para los intereses presentes (teniendo en cuenta el coste económico de la obra de ejecución, que saldría de los bolsillos de los y las conquenses) y futuros (vertebración de la provincia a nivel humano y económico) de Cuenca.
El proceder administrativo en torno al cual parece querer sustentarse una supuesta autorización (nunca licencia) para proceder a la demolición del muro ha sido ya recurrida en sede administrativa, denunciando su improcedencia al mismo tiempo que se advierte de la posible malversación de fondos públicos que en su caso podría depararse de persistir en la aplicación del rodillo de poder que los dirigentes socialistas ostentan, esperemos que, por mandato ciudadano, por poco tiempo.
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