Desde este lobby empresarial se critica que la propuesta se sustente prioritariamente en criterios de población y actividad económica, dejando al margen factores esenciales como la despoblación extrema, la dispersión territorial, el envejecimiento poblacional o el sobrecoste real de la prestación de servicios públicos en estos territorios. La Red SSPA recuerda que garantizar servicios básicos en provincias extensas y con muy baja densidad de población resulta objetivamente más caro, por lo que un sistema que no tenga en cuenta estos sobrecostes condena a estas zonas a recibir menos recursos precisamente donde más se necesitan.
Según advierten, el modelo propuesto podría generar un círculo vicioso que derivaría en menor financiación, peores servicios públicos y, como consecuencia, una mayor pérdida de población, lo que a su vez reduciría aún más los recursos económicos en el futuro. “Lejos de corregir el problema de la despoblación, este planteamiento lo consolidaría y lo aceleraría”, subrayan.
Igualdad real entre territorios
La Red SSPA insiste en que la igualdad no puede medirse únicamente por el número de habitantes, sino por la garantía de acceso a los mismos servicios públicos con independencia del código postal. En este sentido, reclama la incorporación obligatoria de criterios correctores vinculados a la despoblación, la superficie y la dispersión territorial en el sistema de financiación autonómica.
Además, exige un reconocimiento explícito del sobrecoste de los servicios públicos en los territorios rurales más extremos y que ningún nuevo modelo de financiación sea aprobado sin una evaluación previa de su impacto real en las provincias más despobladas de España.
Por último, la SSPA ha advertido de que seguirá denunciando públicamente y por todas las vías necesarias cualquier reforma que, bajo el discurso de la igualdad, abandone a los territorios despoblados y vulnere el principio de cohesión territorial recogido en la Constitución Española.
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