El Grupo Griñó defiende las garantías ambientales de su planta de Almonacid

El grupo empresarial que construye la planta de valorización de Almonacid del Marquesado (Cuenca), calificada como "macrovertedero" por Ecologistas en Acción, ha defendido las garantías ambientales del proyecto, que permitirá reciclar el 70 por ciento de los residuos, y la ha puesto como ejemplo en la aplicación de la "economía circular".

Así lo han indicado hoy en un encuentro con los periodistas el consejero delegado del Grupo Griñó, Joan Griñó, y el director del proyecto, Rafael Sanchís, quienes han destacado que el nuevo centro de gestión y valorización de residuos será "el más moderno de España" de estas características en cuanto a tecnología.

Griñó ha explicado que la planta tendrá una capacidad de tratamiento de 300.000 toneladas al año de residuos industriales "no peligrosos", de los que el 70 por ciento serán aprovechados y reciclados, mientras que el 30 por ciento restante pasarán a unos depósitos de almacenamiento.

En concreto, para el aprovechamiento de los materiales, como metales, plástico o cartón, se utiliza un proceso de "separación balística y óptica" que permitirá producir varios materiales para su posterior reciclado, como fertilizantes o combustible sólido recuperado.

Según Griñó, actualmente existen plantas similares en todo el país con las que se ha podido garantizar su eficiencia, al tiempo que ha destacado que no genera olores, si bien estará ubicada a unos 6 kilómetros del núcleo urbano de Almonacid, una localidad en la que residen casi medio millar de habitantes.

Así, ha defendido que cuenta con todas las autorizaciones ambientales necesarias y todas las garantías, por lo que ha rechazado las críticas del colectivo Ecologistas en Acción, que ha tildado el proyecto de "macrovertedero" aunque no ha presentado alegaciones.

Los impulsores de la planta estiman que estará en funcionamiento en el primer trimestre de 2019, que empleará a unas setenta personas y que gestionará residuos industriales durante casi unas tres décadas, principalmente de Castilla-La Mancha.

"Dará solución a la comunidad autónoma en esta materia; en este momento faltan infraestructuras de estas características para solucionar los problemas que puede tener el sector empresarial", ha agregado el consejero.

La tramitación del proyecto, en el que invertirán 15 millones de euros, arrancó en el año 2011 y expertos de la Universidad de Castilla-La Mancha han participado en la redacción del estudio ambiental del centro de tratamiento.