Izquierda Unida presenta alegaciones ante la venta del edificio de ICONA

Izquierda Unida ha formulado alegaciones en el periodo de exposición pública para la desafectación del edificio de ICONA, propiedad municipal. La desafectación es el primer paso para su venta directa a la Diputación Provincial, acuerdo aprobado en Pleno por PP y PSOE.

La formación de izquierdas considera que no cumple con los criterios de oportunidad, “primero porque está afectado a un servicio municipal, el servicio eléctrico”. Y se preguntan dónde se va a ubicar este tras la venta, “cuando el Ayuntamiento tiene servicios fuera de sus propios inmuebles y pagando altos alquileres de hasta 130.000€ anuales como en el caso del Servicio de Recaudación”. Para IU la mejor solución sería aprovechar ese edificio para “trasladar allí todos los servicios necesarios y utilizar el importe del alquiler para ir arreglando este edificio”.

Otro de los puntos que discuten en IU es el precio, donde “parece que se opta por la más baja de las valoraciones realizadas al inmueble, la única que se ha expuesto al público. Es como si el Ayuntamiento pretendiera vender al precio más bajo, en contra de su propio interés”, afirman.

IU también cuestiona la condición introducida por el PSOE en el acuerdo: la utilización del dinero para la rehabilitación del edificio del Mercado. La formación de izquierdas recuerda que “en 2009 el Ayuntamiento solicitó un crédito de 9’5 millones de euros, de los cuales 2’5 iban a ser para rehabilitar el Mercado. Y que a día de hoy, en la Cuenta General de 2017, sigue figurando un proyecto de gasto con financiación afectada a ese crédito por importe de 1.012.927,24 euros. Por lo tanto, existen recursos para hacer frente a obras de rehabilitación del edificio del mercado sin necesidad de enajenar patrimonio municipal y descapitalizar el Ayuntamiento”, sentencian. Y se preguntan “qué ha pasado con ese dinero durante todos estos años y por qué ni PP ni PSOE lo han invertido”.

Por último, IU también cuestiona la posibilidad de venta directa a la Diputación, o a quien sea. La formación sostiene que la ley impide este procedimiento y que “una venta de un inmueble municipal debe hacerse siempre por subasta pública”.