El pasado mes de julio, el Pleno del Ayuntamiento de Cuenca aprobó una moción presentada por Cuenca en Marcha en la que se instaba al Ayuntamiento a solicitar al Ministerio la restitución del servicio ferroviario entre Aranjuez, Cuenca y Utiel, además de las inversiones necesarias para modernizar y mejorar la línea. Sin embargo, esta iniciativa ha desatado fuertes discrepancias políticas y ciudadanas.
El alcalde, Darío Dolz, ha sido acusado de entorpecer la resolución del Pleno mediante especulaciones y de ocultar información al focalizar en un partido político los tres recursos interpuestos contra el cierre de la línea ferroviaria. Según las críticas, Dolz no menciona que varios pueblos, con alcaldías de distintas tendencias políticas, han recurrido el cierre del servicio público de tren, y que estos acuerdos se adoptaron en algunos casos por unanimidad, incluyendo votos del PSOE.
Además, se señala que diversas organizaciones sindicales y ecologistas han interpuesto recursos debido a la incidencia del cierre del servicio público de ferrocarril en la movilidad de Cuenca y otros territorios. En este contexto, se critica que, según los reclamos, el único partido político que apoya desmantelar el servicio público esencial de ferrocarril es el PSOE, enmarcándolo dentro de políticas neoliberales y antiecológicas.
Desde la Plataforma del Ferrocarril Público y Social de Cuenca, se observa con interés las prioridades de Dolz, cuestionando su enfoque en el planequiscuenca y sus macroaparcamientos, temas controvertidos entre la ciudadanía. Al mismo tiempo, se subraya la aparente falta de interés o trabajo en temas municipales críticos, como un servicio de autobús adecuado a la estación de alta velocidad y la implantación de una Zona de Bajas Emisiones. Las tensiones políticas y las demandas ciudadanas siguen marcando el camino hacia la resolución de esta problemática.
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