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La Plataforma en Defensa del Ferrocarril demanda la inmediata reapertura del tren Aranjuez-Cuenca-Utiel
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La Plataforma en Defensa del Ferrocarril demanda la inmediata reapertura del tren Aranjuez-Cuenca-Utiel

Por Redacción
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localcuencanewses/5/5/16
viernes 24 de noviembre de 2023, 11:32h

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El derecho de los trabajadores a la huelga y el derecho de los ciudadanos a disponer de información respecto a los servicios públicos ha motivado una resolución acerca de los servicios mínimos a ser prestados en el ferrocarril. Para ello, y así determinar el número de trenes en el corredor Madrid-Cuenca-Valencia, desde el ministerio se considera como elemento de decisión la demanda diaria o número de viajeros. La resolución acerca del número de trenes, firmada por la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se encuentra disponible para cualquier interesado en la página de Renfe

El reciente auto del Tribunal Supremo evidenció que el derecho de ser informado sobre los servicios públicos fue vulnerado por quienes no facilitaron datos relevantes a los ayuntamientos afectados por el cierre del ferrocarril Aranjuez-Cuenca-Utiel. Pero, en otra dirección, se desconoce si algún miembro del Ayuntamiento o Diputación de Cuenca o algún alto cargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha disponía de datos privilegiados o de argumentarios dictados desde las cúpulas de Adif o ministerial.

Ahora, como puede consultarse por todos, algunos datos son públicos. Viajeros medios diarios. Alta Velocidad Media Distancia Madrid-Cuenca: 54. Medía Distancia convencional. Madrid-Cuenca-Valencia: 136.

En todo caso, muchos trenes regionales de España presentan un número de viajeros inferior al ferrocarril de la provincia de Cuenca y, además, varias capitales de provincia disponen de peores resultados que Cuenca y mantienen alta velocidad y el llamado ferrocarril convencional. Entre ellas, servicios que parten de Lugo, Orense, León, Segovia, Zamora, Málaga, Zaragoza…

Cada día está más claro que el fracasado Plan Equis Cuenca partió de la decisión unilateral de un grupo de empresarios y políticos localizados en una población, con el interés principal de desmantelar un ferrocarril. Un interés contrario a las personas de tres comunidades autónomas y cuatro provincias y a los servicios públicos de toda España.

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