El Comité de Empresa y la representación legal del personal municipal han alertado de “graves irregularidades” en la aprobación inicial de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Tarancón, cuyo plazo de alegaciones finalizó este miércoles. La inmensa mayoría del personal laboral y buena parte del personal funcionario han presentado alegaciones al documento aprobado por el alcalde, al considerar que el proceso incumple los requisitos legales y carece de garantías.
Según denuncian los representantes sindicales, la RPT fue aprobada mediante resolución de Alcaldía a pesar de que, recuerdan, la ley atribuye esta competencia en exclusiva al Pleno municipal, lo que “podría suponer nulidad de pleno derecho”.
El Comité señala además que la propuesta elimina puestos que sí figuran en la plantilla municipal vigente, “sin justificación técnica, sin memoria económica y sin informe de Intervención pese al evidente impacto retributivo que implica”.
Otra de las críticas se centra en la falta de negociación sobre la asignación de puntos a los 242 puestos incluidos, un elemento determinante para fijar los niveles y los complementos salariales. La única mesa negociadora celebrada, apuntan, se limitó a abordar criterios generales sobre retribuciones complementarias y quedó “inconclusa y condicionada al resultado de unos factores que el Ayuntamiento no ha negociado”.
En este contexto, los representantes rechazan la intención del Consistorio de negociar únicamente el valor del “euro por punto”, al considerar que se trata de una maniobra para dar apariencia de negociación. “No es real —afirman—; el valor del euro punto es solo el resultado de dividir un presupuesto que desconocemos entre unos puntos que no han sido negociados”.
Por todo ello, la representación legal y sindical, con CCOO a la cabeza, exige la retirada inmediata de la aprobación inicial de la RPT, así como la apertura de un proceso “transparente, negociado y ajustado a la legalidad”, que incluya informes técnicos y económicos completos y sea aprobado por el órgano competente.