CEOE CEPYME Cuenca reclama al Ministerio de Trabajo retomar la negociación colectiva tras el rechazo en el Congreso a la Ley de Reducción de Jornada, advirtiendo de que una imposición sin acuerdo puede generar graves efectos sobre la productividad, el empleo y la actividad de las pymes.
La Confederación de Empresarios de Cuenca (
CEOE CEPYME) ha reclamado la vuelta a la negociación colectiva después de que el Congreso de los Diputados haya rechazado el proyecto de Ley de Reducción de Jornada impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La organización empresarial considera que el diálogo social es el marco adecuado para debatir un aspecto tan relevante como la jornada laboral, que afecta tanto al tejido productivo como a los trabajadores, por lo que insiste en que el Ministerio debe reactivar cuanto antes las mesas de negociación y no limitarse a contar con una sola parte.
En línea con la CEOE, la Confederación conquense ha agradecido a los grupos parlamentarios que han votado en contra de la norma su “responsabilidad”, al entender que el proyecto nace de la falta de acuerdo en el diálogo social.
Asimismo, advierte de que una reducción de jornada impuesta podría tener consecuencias negativas como problemas organizativos en las empresas, menor productividad, incremento de costes laborales, peor calidad en los servicios, reducción de la inversión y dificultades para generar empleo. Todo ello, señalan, en un contexto en el que ya existen dificultades para cubrir vacantes, lo que afectaría al crecimiento económico y a la oferta para los consumidores.
La patronal conquense recuerda que, a través de la negociación colectiva, ya se han alcanzado acuerdos en los que cerca del 30% de los convenios contemplan jornadas por debajo del límite de 37,5 horas semanales. Por ello, insisten en que el camino adecuado es el pacto entre empresas y trabajadores.
Por último, alertan de que la propuesta ministerial incorpora nuevos requerimientos para el registro horario que consideran de muy difícil cumplimiento, al no existir la infraestructura digital necesaria ni contar todos los trabajadores con las competencias que se exigirían.